La Administración de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su estrategia de control migratorio al desactivar un programa federal que durante décadas facilitaba asistencia legal a inmigrantes sin recursos, en lo que supone un giro hacia un sistema más estricto y centrado en la aplicación efectiva de la ley.

El llamado Programa de Reconocimiento y Acreditación (R&A), dependiente del Departamento de Justicia, permitía que trabajadores de organizaciones —sin ser abogados— asesoraran a inmigrantes en sus trámites legales, incluyendo solicitudes de residencia, naturalización o beneficios humanitarios.

Sin embargo, el Ejecutivo ha optado por reorientar los recursos hacia los tribunales de inmigración, trasladando a los abogados del programa a funciones directamente vinculadas con la gestión de casos, en un intento de aliviar la saturación del sistema judicial.

La decisión responde a una prioridad clara de la Administración Trump: garantizar que el sistema migratorio funcione con mayor eficacia, evitando cuellos de botella y reduciendo los incentivos que favorecen la permanencia ilegal.

Durante años, este tipo de programas fue criticado por facilitar, en la práctica, que inmigrantes ilegales prolongaran sus procesos administrativos, contribuyendo al colapso de los tribunales y a la acumulación de casos pendientes.

En paralelo, el Gobierno ha impulsado otras medidas destinadas a reforzar el control migratorio, incluyendo cambios en los procedimientos de apelación y una reorganización del sistema judicial en materia de inmigración.

Estas reformas buscan agilizar las resoluciones, reducir el fraude y garantizar que las decisiones se ejecuten con mayor rapidez, en línea con el compromiso de Trump de restaurar la autoridad del Estado en materia fronteriza.