El Gobierno destinó más de ocho millones de euros a desarrollar una plataforma de inteligencia diseñada para cruzar información, generar indicadores críticos y emitir alertas ante amenazas para la Seguridad Nacional, entre ellas las relacionadas con la inmigración. Sin embargo, el sistema seguía sin estar operativo cuando decenas de miles de inmigrantes entraron en Ceuta durante la invasión de los días 30 y 31 de julio.
Se trata de la Plataforma de Inteligencia de Datos del Sistema de Seguridad Nacional (PI-SSN), una herramienta impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), órgano dependiente de Presidencia del Gobierno, con el objetivo de centralizar grandes cantidades de información y mejorar la capacidad del Estado para anticiparse y responder ante situaciones de crisis.
La primera fase fue adjudicada en julio de 2024 a GMV Aerospace and Defence por 7.085.429,46 euros, según consta en el Boletín Oficial del Estado. El presupuesto inicial de la licitación alcanzaba los 8,26 millones. El procedimiento fue negociado sin publicidad y la empresa se impuso a las otras ofertas presentadas para desarrollar e implantar la plataforma.
A esa cantidad se añadió posteriormente otro contrato relacionado con el sistema. En septiembre de 2025, Presidencia adjudicó a la misma compañía por 1.379.257,55 euros el desarrollo de un catálogo de recursos destinado a su futura integración en la Plataforma de Inteligencia de Datos. La suma de ambos contratos asciende a 8.464.687 euros. Este segundo procedimiento también fue negociado sin publicidad y se tramitó de forma acelerada por razones de interés público y de seguridad del Estado.
El problema es que la herramienta que debía ayudar a La Moncloa a detectar y gestionar amenazas no estaba funcionando cuando estalló la crisis de Ceuta, según ha revelado El Periódico. La circunstancia resulta especialmente significativa porque el sistema había sido concebido, entre otras funciones, para integrar información procedente de distintas fuentes, generar alertas tempranas y facilitar la toma de decisiones durante episodios que afectasen a la Seguridad Nacional.
El propio Departamento de Seguridad Nacional había presentado públicamente el proyecto como una herramienta capaz de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, realizar análisis predictivos, simular escenarios de crisis y detectar amenazas emergentes. También debía generar indicadores críticos que permitieran mejorar la respuesta de las autoridades.
Entre las áreas contempladas se encontraban precisamente los indicadores de inmigración, junto al terrorismo, la ciberseguridad, el espionaje, la desinformación, las epidemias, las catástrofes o la seguridad energética y marítima. Según la documentación del proyecto consultada por El Periódico, la plataforma estaba concebida para trabajar con decenas de fuentes y emitir avisos en función de la evolución de los distintos indicadores de interés para la Seguridad Nacional.
La cronología refleja además un importante retraso respecto a las previsiones iniciales. En octubre de 2024, el propio DSN difundió una nota en la que anunciaba que la primera fase del proyecto culminaría en noviembre de 2025.
Pero apenas un mes antes de que venciera ese plazo, la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez Hurtado, reconoció ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso que la plataforma todavía no funcionaba. «Todavía no está en funcionamiento, pero esperamos que lo esté para finales del año que viene«, afirmó Gutiérrez el 6 de octubre de 2025. La responsable del DSN explicó además que la herramienta estaría destinada a proporcionar información para la toma de decisiones de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional y a emitir alertas en función de los indicadores disponibles.
De esta forma, antes incluso de concluir el plazo inicialmente anunciado para la primera fase, el propio organismo encargado del proyecto ya desplazaba su puesta en funcionamiento hasta finales de 2026. Cuando se produjo la invasión de Ceuta, el 30 de julio, habían transcurrido unos ocho meses desde la fecha en la que inicialmente debía haber terminado aquella primera fase.
La ausencia de la plataforma adquiere todavía mayor relevancia a la vista de la información que ya circulaba por distintos organismos del Estado durante las jornadas anteriores al 30-J. Los documentos desclasificados por el Gobierno han revelado que CNI, Policía Nacional y Guardia Civil disponían de distintas señales sobre el incremento de la presión migratoria, las convocatorias difundidas en redes sociales y la posibilidad de nuevas entradas coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí.
El 29 de julio, el CNI llegó a comunicar a la Delegación del Gobierno en Ceuta la existencia de un llamamiento para un «asalto por valla y mar» previsto para el día siguiente. Los grupos utilizados para difundir las convocatorias alcanzaban, según Inteligencia, unos 180.000 seguidores. La polémica posterior se ha centrado precisamente en cómo circularon aquellas informaciones entre los distintos organismos y en qué momento alcanzaron a quienes tenían capacidad para tomar decisiones.
Ese escenario de información dispersa era precisamente uno de los problemas que la PI-SSN pretendía resolver. Según la documentación del proyecto, la herramienta debía agrupar y explotar datos para generar una visión integrada que facilitase la detección temprana de riesgos y la toma de decisiones durante situaciones de crisis.
La propia directora del DSN defendió ante el Congreso que «el dato es esencial para poder tomar decisiones» y explicó que la utilidad de la plataforma dependería tanto de definir correctamente los indicadores como de alimentarlos con información fiable. Sin embargo, durante la invasión de Ceuta esa capacidad tecnológica todavía no estaba disponible.
