
El Gobierno de Donald Trump ha anunciado una inversión de cerca de 2.000 millones de dólares —unos 1.736 millones de euros— en organizaciones religiosas y comunitarias dedicadas a la asistencia sanitaria y humanitaria internacional, en lo que supone la mayor asignación de este tipo realizada por Estados Unidos en más de dos décadas.
El anuncio confirma el profundo cambio introducido por la Administración republicana en el sistema estadounidense de cooperación exterior después del desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el traslado de buena parte de sus competencias al Departamento de Estado.
Washington pretende ahora canalizar una parte creciente de la ayuda directamente hacia entidades religiosas con experiencia sobre el terreno, en lugar de hacerlo a través de las grandes estructuras burocráticas y cadenas de intermediarios que caracterizaron durante años el funcionamiento de la USAID.
«Estados Unidos ha anunciado una inversión de casi 2.000 millones de dólares en alianzas con organizaciones religiosas y comunitarias que brindan asistencia sanitaria y humanitaria a nivel mundial», ha señalado el Departamento de Estado.
La cartera dirigida por Marco Rubio destaca que se trata de «la mayor asignación de asistencia sanitaria internacional a organizaciones religiosas en más de 20 años» y presenta la medida como una muestra del compromiso de Trump con entidades que han demostrado capacidad para actuar en algunos de los escenarios humanitarios más difíciles del planeta.
Aproximadamente el 70% de los fondos estará destinado a financiar servicios sanitarios esenciales a través de hospitales, clínicas y organizaciones comunitarias de inspiración religiosa presentes en más de 20 países.
El resto se canalizará mediante diferentes programas de asistencia humanitaria destinados a responder a 16 crisis internacionales, con los que Washington calcula que podrá alcanzar a alrededor de siete millones de personas.
Entre las principales organizaciones beneficiarias figuran World Vision, Compassion International y Samaritan’s Purse, tres entidades con décadas de experiencia en cooperación internacional y una extensa presencia en países afectados por guerras, catástrofes naturales, epidemias y desplazamientos de población.
El Departamento de Estado destaca especialmente la trayectoria de Samaritan’s Purse, organización cristiana que ha trabajado en más de 100 países y cuenta con una larga experiencia en zonas de conflicto, emergencias sanitarias y escenarios posteriores a grandes desastres.
También subraya el trabajo de World Vision, que atendió a 35,6 millones de personas mediante 104 intervenciones humanitarias durante 2025 y mantiene presencia en más de un centenar de países.
Por su parte, Compassion International acumula más de siete décadas trabajando junto a decenas de miles de iglesias locales en 29 países y ha participado en respuestas a terremotos, ciclones, epidemias y crisis provocadas por conflictos armados.
Para la Administración Trump, estas organizaciones representan un modelo de cooperación basado en estructuras arraigadas en las comunidades locales, capacidad operativa y una mayor responsabilidad en la gestión del dinero público.
La decisión llega aproximadamente un año después de que Trump emprendiera el desmantelamiento de la USAID, una de las medidas más relevantes adoptadas durante el comienzo de su segundo mandato.
La Casa Blanca acusó a la agencia de haber convertido la cooperación internacional estadounidense en una enorme maquinaria burocrática, financiando proyectos alejados de las necesidades humanitarias más urgentes y permitiendo que parte de los recursos quedara atrapada entre contratistas, consultoras y administradores.
La Administración republicana sostuvo además que determinados fondos habían terminado beneficiando a programas ideológicos o incluso a organizaciones vinculadas a actores hostiles a Estados Unidos.
Trump y sus colaboradores defendieron entonces la necesidad de reorientar completamente el sistema de ayuda exterior, concentrándolo en programas que respondieran directamente a los intereses estadounidenses y en organizaciones capaces de demostrar resultados concretos.
Tras la desaparición de la USAID, muchas de sus competencias fueron trasladadas al Departamento de Estado, que ha creado una nueva estructura de respuesta ante desastres y ayuda humanitaria con unos 200 trabajadores y una docena de centros regionales.
El nuevo paquete de financiación supone además una reivindicación explícita del papel de iglesias y organizaciones cristianas en la asistencia internacional, después de años en los que buena parte del sector humanitario occidental quedó dominado por grandes ONG, organismos multilaterales y estructuras vinculadas a Naciones Unidas.
El Departamento de Estado sostiene que las entidades seleccionadas «ejemplifican el compromiso de la Administración de colaborar con organizaciones religiosas y comunitarias que administran responsablemente los fondos públicos y brindan asistencia vital a quienes la necesitan».