El Gobierno de Estados Unidos evalúa imponer aranceles del 100 % a las importaciones procedentes de Nicaragua y suspender de forma parcial o total los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), en respuesta a las violaciones sistemáticas de derechos humanos y laborales perpetradas por el régimen de Daniel Ortega.
La medida, según un informe de la Oficina del Representante Comercial (USTR), responde a la constatación de que el gobierno sandinista está «desmantelando el Estado de derecho» y cometiendo abusos contra las libertades fundamentales. El documento considera que estas prácticas, calificadas de «poco razonables», imponen «restricciones y cargas injustas» al comercio estadounidense, un argumento que se ampara en la Sección 301 de la Ley Comercial de 1974, utilizada históricamente por Washington para sancionar a países que violan normas internacionales.
De acuerdo con la propuesta, la Casa Blanca podría elevar los aranceles hasta el 100 % sobre todos los productos nicaragüenses, de manera inmediata o progresiva, durante un periodo de hasta doce meses, y suspender los privilegios aduaneros del CAFTA-DR. Se trataría de una escalada sin precedentes frente al régimen de Managua, que ya había sido objeto de sanciones comerciales parciales.
El presidente Donald Trump había fijado en 2024 un arancel del 18% sobre las importaciones desde Nicaragua, en un intento de presionar al Gobierno sandinista por su creciente autoritarismo. Sin embargo, el nuevo informe plantea un endurecimiento drástico de las medidas, ante el deterioro político y el aumento de la represión en el país centroamericano.
La USTR subraya que el régimen de Ortega viola sistemáticamente los derechos laborales y políticos, reprime a la oposición y mantiene presos políticos, censura mediática y persecución a líderes religiosos y civiles. «Nicaragua se ha convertido en un Estado fallido bajo control de una cúpula autoritaria», señala el informe.
En 2024, Estados Unidos importó bienes nicaragüenses por valor de 4.600 millones de dólares y exportó 2.700 millones, lo que deja un déficit comercial de 1.900 millones para Washington. Las nuevas sanciones afectarían principalmente al sector textil, agrícola y manufacturero nicaragüense, pilares de la economía del país.
La decisión definitiva podría adoptarse antes de fin de año, en medio de la creciente presión internacional sobre Managua por sus vínculos con Cuba, Venezuela, Irán y Rusia, así como por la persecución a la Iglesia católica y el cierre de cientos de ONG.
