La Administración Trump, a través del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) ha solicitado a la Justicia que elimine los impedimentos legales para facilitar las expulsiones de inmigrantes ilegales a terceros países, argumentado que la medida obstruye el proceso de deportación inmigrantes que además están catalogados como «peligrosos» por Washington.
En ese sentido, el DHS ha remarcado que dichas barreras comprometen la seguridad nacional de los Estados Unidos.
El 18 de septiembre un tribunal confirmó el fallo del juez de distrito Brian Murphy, de Boston, que evitaba este tipo de deportaciones considerando que los migrantes podrían argumentar que se sentían «inseguros» siendo trasladados a un tercer país.
Sin embargo, la Administración Trump considera que estos procedimientos son una «herramienta esencial para expulsar a determinados extranjeros, incluidos algunos de los peores delincuentes», señalando además que el ordenamiento jurídico vigente hasta ahora representa «un caos».
El asesor jurídico del gobierno, John Sauer, ha señalado incluso que recientemente la Justicia ha impedido vuelos de inmigrantes ilegales que se encontraban condenados por delitos en los EEUU. «El Departamento de Seguridad Nacional nos informa que ya ha cancelado un vuelo hacia tres países distintos que transportaba a 70 extranjeros condenados penalmente», ha informado.
