Estados Unidos ha rechazado la última declaración migratoria de Naciones Unidas y ha acusado a las agencias de la ONU de promover y facilitar el «reemplazo migratorio» en Estados Unidos y en el conjunto de Occidente. La Administración de Donald Trump no participó en el segundo Foro de Examen de la Migración Internacional, celebrado en la sede de la ONU en Nueva York entre el 5 y el 8 de mayo, y anunció que no respaldará su declaración final.

El Departamento de Estado justificó su rechazo recordando que Trump ya retiró a Estados Unidos del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en 2017. Según Washington, los años transcurridos desde entonces han confirmado la conveniencia de aquella decisión, al considerar que los marcos migratorios de la ONU buscan condicionar la soberanía nacional en materia de fronteras.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que abrir las puertas a la inmigración masiva fue «un grave error» que amenaza la cohesión de las sociedades occidentales y el futuro de sus pueblos. El lenguaje empleado por el Departamento de Estado supone una ruptura clara con el tono habitual de la diplomacia estadounidense en materia migratoria y adopta una formulación más próxima a la de las fuerzas soberanistas europeas.

La declaración oficial acusa a agencias de Naciones Unidas y a ONG financiadas por ellas de haber facilitado la entrada masiva de inmigrantes y de haber canalizado recursos públicos hacia hoteles, vuelos, teléfonos móviles y tarjetas de efectivo para extranjeros. Washington vincula esa política con el caos fronterizo, el aumento de la presión sobre grandes ciudades y la pérdida de control del sistema migratorio.

El texto va más allá de una simple negativa a firmar la declaración. El Departamento de Estado sostiene que el objetivo de Estados Unidos no será ya «gestionar» la inmigración, sino fomentar la «remigración», es decir, el retorno de inmigrantes a sus países de origen. La inclusión de ese concepto en una comunicación oficial de Washington marca un giro profundo en la política migratoria estadounidense.

La ONU celebró el foro para revisar la aplicación del Pacto Mundial sobre Migración, aprobado en Marrakech en 2018. Naciones Unidas lo presenta como un marco de cooperación no vinculante para mejorar la gestión migratoria y proteger los derechos de los migrantes, pero varios países lo han rechazado desde el inicio por considerar que introduce compromisos políticos que limitan la capacidad de los Estados para decidir quién entra y quién permanece en su territorio.

La declaración final del foro insiste en que todos los migrantes son titulares de derechos humanos, con independencia de su estatus, y reclama a los Estados proteger sus libertades fundamentales. Para Washington, ese enfoque diluye la distinción entre inmigración legal e ilegal y debilita el derecho soberano de los ciudadanos a definir su propia política migratoria.

El giro estadounidense tendrá impacto directo en el debate europeo. La Unión Europea avanza en la aplicación de su Pacto de Migración y Asilo, mientras varios gobiernos reclaman medidas más duras de control exterior, acuerdos con terceros países y centros de retorno. Países como Hungría, Polonia, Italia, Países Bajos o Dinamarca llevan años denunciando que Bruselas ha subestimado el rechazo social a la inmigración masiva.

La posición de la Administración Trump ofrece ahora un respaldo político y discursivo a esas fuerzas europeas. Washington no sólo rechaza el lenguaje tecnocrático de la ONU sobre «gestión» migratoria, sino que denuncia abiertamente que existe una estrategia de sustitución demográfica impulsada por organismos internacionales, ONG y élites globalistas.

El Departamento de Estado concluyó que Estados Unidos no apoyará ningún proceso que imponga, de forma abierta o encubierta, directrices, estándares o compromisos que limiten el derecho soberano y democrático del pueblo estadounidense a decidir en función de sus propios intereses. Trump, añadió la nota, está centrado en los intereses de los estadounidenses, no en los de extranjeros ni burócratas globalistas.