Estados Unidos inició en 2018 una investigación por blanqueo de capitales que alcanzaba a empresarios venezolanos y a personas políticamente expuestas. Una de las líneas abiertas puso el foco en Rodolfo Reyes Rojas, principal accionista de Plus Ultra, cuyo teléfono móvil fue intervenido por las autoridades norteamericanas en 2021.

El contenido de ese dispositivo se ha convertido ahora en una pieza relevante dentro de la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre la aerolínea y en la que figura imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según consta en un auto del juez José Luis Calama, Estados Unidos remitió a España la extracción del móvil de Reyes el 18 de marzo de 2026.

La información procedente de ese terminal ya ha servido de base a un informe de la UDEF, fechado el 22 de abril y compuesto por 158 folios. En él, los investigadores analizan conversaciones atribuidas a Reyes que, según la Policía, podrían estar relacionadas con movimientos de dinero, préstamos vinculados al rescate de Plus Ultra y pagos irregulares.

Calama ha dictado ahora una resolución para formalizar la cooperación judicial con Estados Unidos y solicitar autorización para que esos datos puedan incorporarse como prueba en el procedimiento penal español. El magistrado recuerda que la información remitida por autoridades extranjeras puede orientar una investigación, pero necesita una incorporación formal para tener plena eficacia probatoria.

La colaboración policial se canalizó a través de Homeland Security Investigations. Según recoge el auto, la oficina de HSI en Madrid trasladó a la UDEF información relevante de una investigación transnacional coordinada con las delegaciones de Nueva York, Tampa, Miami y Boston. En esa causa también aparecen implicadas autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal.

Una de las ramas de esa investigación se centraba en Reyes Rojas por presuntos delitos de blanqueo y evasión de sanciones mediante sociedades como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. La extracción telefónica obtenida en 2021 estaba vinculada inicialmente a pesquisas por contrabando, pero terminó revelando comunicaciones que los agentes consideraron útiles para la investigación española sobre la aerolínea.

El procedimiento, sin embargo, no comenzó únicamente con la remisión del teléfono desde Estados Unidos. Antes de recibir ese material, las autoridades españolas ya manejaban información relacionada con Plus Ultra. La Fiscalía Anticorrupción había presentado en 2024 un escrito con datos procedentes de Suiza y Francia sobre un presunto esquema de blanqueo.

La causa también tiene un recorrido previo en un juzgado de Madrid. El Juzgado de Instrucción número 15 investigó el rescate público concedido a Plus Ultra entre 2021 y enero de 2024. Aquella pieza fue archivada por un defecto formal en la imputación de la aerolínea, aunque el sobreseimiento fue provisional y no definitivo, lo que permitió reactivar las actuaciones posteriormente.

Tras recibir la denuncia de Anticorrupción, la Audiencia Nacional entendió en un primer momento que la competencia correspondía al juzgado madrileño que ya había investigado el rescate. La magistrada retomó entonces las pesquisas y, en febrero de 2026, elevó de nuevo el asunto a la Audiencia Nacional mediante un auto en el que señalaba distintas conexiones relevantes.

En esa resolución, anterior al envío del teléfono de Reyes por parte de Estados Unidos, la jueza ya apuntaba a José Luis Rodríguez Zapatero. Entre otros extremos, sostenía que el expresidente habría influido en directivos de Repsol para favorecer negocios en Venezuela de Danilo Diazgranados, empresario cercano a su entorno.

La magistrada también aludía a varias sociedades investigadas, incluida una vinculada a las hijas de Zapatero, y recogía información sobre la relación entre Miguel Palomero, abogado relacionado con Plus Ultra, y el propio Diazgranados. Esa línea nació a partir de un chat de WhatsApp denominado DANILO-ESPAÑA localizado durante un registro practicado el 24 de octubre de 2024 en el despacho de Palomero.

Con este nuevo auto, Calama busca blindar procesalmente el uso del material entregado por Estados Unidos. La Audiencia Nacional pretende que la extracción del móvil de Rodolfo Reyes pueda ser utilizada como prueba válida dentro de una investigación que conecta a Plus Ultra con presuntas operaciones de blanqueo, movimientos internacionales de fondos y contactos políticos de alto nivel.