El Gobierno de Pedro Sánchez promovió a Raúl Medina, entonces director general de Aviación Civil, al máximo cargo ejecutivo de Eurocontrol apenas unos meses después de que avalara el controvertido rescate de Plus Ultra, la aerolínea de capital venezolano que recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021.
La promoción adquiere especial relevancia porque uno de los informes clave para justificar la ayuda pública fue precisamente el elaborado por la Dirección General de Aviación Civil bajo la responsabilidad de Medina. Dicho documento fue incorporado al expediente que permitió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) autorizar el rescate de la compañía aérea, detalla Vozpópuli.
Las actuaciones relacionadas con Plus Ultra se encuentran bajo el foco de la investigación policial y judicial. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detectaron irregularidades e «incongruencias» en algunos de los informes utilizados para acreditar la supuesta solvencia y el carácter estratégico de la empresa. Según las conclusiones policiales, el documento de Aviación Civil contenía datos que no se correspondían con la realidad operativa de la compañía.
Entre las anomalías señaladas figura la referencia a una flota de cuatro aeronaves cuando, según la investigación, Plus Ultra disponía únicamente de un aparato operativo. Pese a ello, el informe fue considerado válido y acabó formando parte de la documentación utilizada para justificar la concesión de la ayuda pública.
La candidatura de Medina para dirigir Eurocontrol fue impulsada por el Ministerio de Transportes cuando estaba encabezado por la exministra Raquel Sánchez, con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su nombramiento fue oficializado el 28 de junio de 2022 y asumió el cargo el 1 de enero de 2023.
El mandato del alto cargo español al frente de la organización paneuropea de navegación aérea se prolongará previsiblemente hasta 2028. El puesto está remunerado con 252.000 euros anuales, una cifra que triplica aproximadamente el salario de un ministro del Gobierno de España. Además, la retribución está exenta de tributación nacional y se ajusta al coste de vida de Bruselas, sede de la entidad.
El caso Plus Ultra continúa generando derivadas políticas y judiciales. La investigación ha puesto el foco sobre los criterios empleados para justificar el rescate de una compañía cuya relevancia estratégica fue cuestionada desde el primer momento por distintos expertos y organismos. Ahora, la promoción del responsable que firmó uno de los informes determinantes para aquella operación vuelve a situar bajo escrutinio las decisiones adoptadas por el Gobierno durante la gestión de los fondos públicos destinados a empresas afectadas por la crisis.
