La Administración de Donald Trump ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra la inmigración masiva al suspender la tramitación de visados a ciudadanos de 75 países, entre ellos Irán, Rusia, Somalia, Afganistán, Nigeria o Egipto, en una medida orientada a proteger el sistema de bienestar estadounidense y reforzar la seguridad nacional.
El anuncio fue realizado por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien confirmó que la congelación entrará en vigor el próximo 21 de enero y se mantendrá de forma indefinida, hasta que el Departamento de Estado complete una revisión integral de los criterios de admisión.
La decisión se apoya en el principio de «carga pública», un mecanismo legal que permite denegar visados a personas que previsiblemente dependerán de prestaciones sociales una vez en Estados Unidos. Según explicó el Departamento de Estado, el objetivo es evitar que el sistema migratorio sea utilizado para explotar la generosidad de los contribuyentes estadounidenses.
«El Departamento de Estado ejercerá su autoridad para declarar inelegibles a aquellos inmigrantes potenciales que puedan convertirse en una carga pública para Estados Unidos», señaló el portavoz del organismo, Tommy Pigott, subrayando que la prioridad es defender los intereses económicos y sociales del país.
La suspensión de visados se produce en un contexto de endurecimiento general de la política migratoria, tras varios episodios de violencia y fraude relacionados con inmigrantes. Entre ellos destaca el ataque armado perpetrado por un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, así como investigaciones por fraude masivo en Minnesota, que han afectado especialmente a comunidades somalíes.
En paralelo, la Administración Trump ha retirado el estatus de protección temporal a miles de migrantes somalíes y ha reforzado la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ejecutar redadas contra inmigrantes en situación irregular, enviando un mensaje inequívoco: Estados Unidos no será un destino para la inmigración ilegal ni para quienes pretendan vivir de ayudas públicas.
La medida marca un nuevo giro soberanista en la política migratoria estadounidense y refuerza el compromiso de Trump de recuperar el control de las fronteras, priorizar la seguridad nacional y defender al contribuyente frente a los abusos del sistema migratorio internacional.