La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado un proyecto de ley que exige la deportación de inmigrantes ilegales con antecedentes por delitos sexuales. La iniciativa, impulsada por la congresista republicana Nancy Mace, obtuvo el respaldo de 266 legisladores, incluyendo a más de 50 demócratas, y ahora se dirige al Senado, donde los demócratas tienen la mayoría.
Conocida como la Ley sobre Violencia contra las Mujeres por parte de Extranjeros Ilegales (HR 7909), esta legislación fue aprobada con 168 votos en contra y 51 demócratas alineándose con los republicanos para avanzar la propuesta de Mace. El objetivo de la ley es modificar la Ley de Inmigración y Nacionalidad, declarando «inadmisibles y deportables» a los inmigrantes ilegales condenados o que hayan cometido delitos sexuales o violencia doméstica.
Tras la votación, Nancy Mace ha destacado que el propósito de la ley es «proteger a las mujeres y las niñas» y enviar un mensaje claro: «Si eres un inmigrante ilegal que ha cometido violencia contra las mujeres, no tendrás refugio en Estados Unidos». Mace subrayó que esta medida busca hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria, la cual, según ella, ha empeorado bajo la administración de Biden-Harris.
Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, ha celebrado la aprobación inicial de la ley, afirmando que la crisis en la frontera «ha hecho menos seguras a las mujeres estadounidenses». Según Johnson, la administración actual ha ignorado las advertencias y no ha actuado para deportar a quienes cometen crímenes graves, por lo que considera que el liderazgo de Mace en la creación de la HR 7909 es digno de elogio.
Por otro lado, el congresista demócrata Jerry Nadler, miembro destacado del Comité Judicial, ha sido uno de los más críticos con el proyecto. Durante los debates en la Cámara, ha calificado la propuesta como un intento de «convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios» y sembrar el miedo. Nadler también ha argumentado que la legislación no aporta nada nuevo y que las redundancias en el proyecto prácticamente garantizaban que no se impondrían sanciones adicionales a personas peligrosas. Según Nadler, si el proyecto de ley solucionara un vacío legal existente, habría votado a favor, pero no era el caso en esta situación.
Mientras el proyecto de ley sigue su curso hacia el Senado, las divisiones en torno a su impacto y necesidad continúan siendo motivo de debate en el Congreso, con un enfoque en cómo esta nueva normativa podría afectar a la política migratoria y los derechos de los inmigrantes.
