La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha emitido un fallo dividido que favorece parcialmente a los republicanos de Arizona en un caso clave de cara a las elecciones de noviembre. En una decisión de 5-4, el tribunal determinó que los funcionarios electorales del estado deben rechazar los formularios de registro de votantes que no incluyan una prueba de ciudadanía estadounidense, lo que significa que aquellos que no sean ciudadanos no podrán participar en las elecciones en Arizona.
Sin embargo, la Corte rechazó otro aspecto de la demanda presentada por el Comité Nacional Republicano, que buscaba suspender un fallo previo de un tribunal inferior contra una ley electoral promulgada en 2022. Esta parte de la demanda hubiera bloqueado a miles de votantes ya registrados de participar en las elecciones.
La división en la Corte fue evidente, con los jueces Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson intentando impedir la implementación de ambas medidas. Por otro lado, Clarence Thomas, Samuel Alito Jr., y Neil Gorsuch apoyaron la postura republicana en su totalidad. John Roberts y Brett Kavanaugh votaron de manera dividida, alineándose con el primer grupo en la cuestión de los votantes ya registrados, pero apoyando al segundo en la exigencia de prueba de ciudadanía.
El fallo se produce justo cuando Arizona se prepara para iniciar la votación anticipada en un estado que será clave para las aspiraciones presidenciales de Kamala Harris y Donald Trump. Aunque Arizona votó por Joe Biden en 2020 por un margen muy estrecho, las encuestas actuales muestran a Donald Trump como favorito para ganar los 11 votos electorales del estado.
Adrian Fontes, secretario de Estado de Arizona y demócrata, aseguró que acatará la decisión del tribunal mientras continúa garantizando el acceso de los votantes. Sin embargo, expresó su preocupación por la confusión que podrían generar estos cambios tan cerca de la fecha de las elecciones.
En otro fallo, el tribunal supremo del estado de Arkansas bloqueó un referéndum electoral sobre el aborto, apoyando la postura del fiscal general Tim Griffin, quien había acusado a los promotores de no cumplir con los requisitos legales en la presentación de solicitudes. Con un veredicto de 3-2, los jueces dictaminaron que «el incumplimiento de los peticionarios es fatal», lo que impide la realización del referéndum electoral sobre el aborto.
La disidencia en este caso fue expresada por los jueces Karen Baker y Courtney Rae Hudson, quienes criticaron a los funcionarios de Arkansas por modificar las reglas y así evitar que el referéndum sobre el aborto llegase a las urnas. En su opinión, consideraron que el requisito impuesto no tiene fundamento, argumentando que «Regnat Populus», el lema del estado de Arkansas que significa «el pueblo manda», fue ignorado en esta decisión, lo que despoja a los ciudadanos de su poder.
