Las autoridades de San Francisco están bajo fuerte crítica por un programa público en el que se administra alcohol a personas sin hogar con problemas de alcoholismo, financiado con dinero de los contribuyentes y con un coste anual de unos 5 millones de dólares (alrededor de 4,6 millones de euros).

La iniciativa, conocida como Managed Alcohol Program (MAP), fue puesta en marcha en 2020 en respuesta a la pandemia y se inspira en modelos similares de «reducción de daños» utilizados en Canadá. El objetivo declarado por las autoridades sanitarias no es la abstinencia, sino mantener a personas con graves trastornos por consumo de alcohol en niveles de consumo controlados, reduciendo riesgos de abstinencia peligrosa y bajando las llamadas a emergencias médicas o ingresos hospitalarios.

El programa funciona en un edificio del distrito de Tenderloin, donde los participantes reciben alojamiento, tres comidas diarias y alcohol administrado por enfermeras en dosis programadas, normalmente en forma de cerveza o vodka. Según responsables sanitarios, esta fórmula ha logrado disminuir hasta cuatro veces las visitas a urgencias médicas y llamadas a emergencias en algunos casos, reduciendo significativamente el uso de servicios de emergencia por parte de los beneficiarios.

Sin embargo, la medida ha desencadenado una oleada de críticas entre residentes locales, asociaciones y figuras públicas. Para muchos opositores, administrar alcohol gratis a personas con adicción no resuelve el problema, sino que lo perpetúa y resulta moralmente cuestionable en plena crisis de personas sin hogar en la ciudad. «Proporcionar drogas gratis a adictos no soluciona sus problemas; simplemente los prolonga», escribió Adam Nathan, presidente de la junta de asesoría del Ejército de Salvación en San Francisco, en redes sociales.

Los críticos señalan además que, aunque el coste real del programa puede rondar los 5 millones de dólares anuales, la administración local no siempre ha sido completamente transparente respecto a cómo se financia y si se ha consultado previamente a la comunidad. Algunos residentes lo consideran un uso inadecuado de fondos públicos, especialmente en una ciudad con problemas significativos de vivienda asequible, delincuencia y servicios básicos insuficientes.

Por su parte, las autoridades de salud pública defienden el programa como una herramienta de reducción de daños para un grupo extremadamente vulnerable, argumentando que sin intervención muchos de estos individuos acabarían en situaciones de riesgo grave para su salud o incluso la muerte por retirada brusca de alcohol.

La controversia en torno a este enfoque —que mezcla asistencia social con gestión directa de una adicción mediante suministros subvencionados— ha puesto de manifiesto las profundas tensiones en la política urbana demócrata de San Francisco, donde las soluciones innovadoras a problemas sociales extremos a menudo chocan con las preocupaciones de los contribuyentes.