Un dato que sorprenderá a muy pocos, aunque difícilmente vayan a encontrarlo en ningún periódico o telediario del sistema: en el área urbana de Nueva York, un 75% de los arrestos por atracos, robos y violencia doméstica son de extranjeros que han entrado ilegalmente en el país. Es la consecuencia inevitable de proclamarse ciudad santuario.
En la fiebre inmigracionista que recorrió el Partido Demócrata durante el mandato de Trump, numerosos estados y ciudades estadounidenses se proclamaron santuarios, es decir, declararon que sus fuerzas del orden y autoridades no iban a cooperar con la política federal de detención y deportación de ilegales. Naturalmente, se convirtieron inmediatamente en un imán natural para los inmigrantes ilegales. Con consecuencias perfectamente previsibles.
Como Nueva York. El New York Post señala que en el barrio de Queens los ilegales representan el 60% de los arrestos. El Post culpa de esta situación directamente a la condición de la Gran Manzana como ciudad santuario, lo que impide a la policía municipal colaborar con el servicio de inmigración (ICE) en casos en los que se cree que los sospechosos están en el país de manera ilegal. Además, el Departamento de Policía de Nueva York dice que tiene prohibido hacer un seguimiento de la condición migratoria de los infractores.
Las leyes de las ciudades santuario hacen que sea «casi imposible» para las autoridades manejar el problema, se explica en el artículo. «La ciudad de Nueva York eliminó una herramienta para librarse de los criminales violentos. ¡Qué desastre!», declaró al Post Jim Quinn, exfiscal de la Fiscalía del Distrito de Queens. «La ley de la ciudad santuario es patética. Es repugnante. Es una locura«, añadió.
Para acabar de arreglarlo, la policía neoyorquina asegura que la comunidad de inmigrantes ilegales está perfectamente informada de las políticas indulgentes —por decirlo suave— con el delito de la ciudad, en la que los delincuentes son detenidos y puestos inmediatamente en libertad. Incluso se ríen de las cárceles municipales en el caso excepcional en que sean condenados ya que, en palabras de un policía del Bronx, «de donde vienen, los torturan en la cárcel».
El problema es tan grave que el alcalde demócrata Eric Adams ha pedido al Ayuntamiento que cambie las leyes de las ciudades santuario, diciendo la semana pasada: «En este momento, no tenemos la autorización para poder ir y coordinarnos con ICE. Tenemos que cumplir la ley».
