El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que recortará los fondos federales a los estados que mantengan las llamadas «ciudades santuario», una red de jurisdicciones locales que boicotean la aplicación de las leyes migratorias federales y se niegan a colaborar con las autoridades de Washington en la deportación de inmigrantes ilegales.
En un mensaje difundido este miércoles a través de sus redes sociales, Trump ha sido tajante: «Los pagos federales a los estados por sus llamadas ciudades santuario se suspenderán el 1 de febrero», sin detallar por ahora qué partidas concretas ni qué territorios se verán afectados por la medida.
El mandatario ha cargado duramente contra estas políticas locales, a las que ha calificado como «centros de protección criminal corruptos», acusándolas de «alimentar el crimen y la violencia» en las grandes ciudades. «Si los estados los quieren, tendrán que pagar por ellos», ha advertido, dejando claro que el Gobierno federal no financiará estructuras que amparen la inmigración ilegal.
Las denominadas ciudades santuario —entre ellas urbes como Los Ángeles, Chicago, Boston o Baltimore— limitan o prohíben la cooperación de sus policías con las autoridades federales de inmigración, dificultando la detención y expulsión de inmigrantes ilegales, incluso con antecedentes penales.
No es la primera vez que Trump intenta asfixiar financieramente este modelo. En agosto del pasado año, la Justicia estadounidense bloqueó una iniciativa similar impulsada por su Administración, que pretendía retirar fondos a una treintena de jurisdicciones rebeldes. Aun así, el presidente ha vuelto a situar la ofensiva contra las ciudades santuario en el centro de su agenda política, enmarcándola en su promesa de restablecer el orden, reforzar las fronteras y acabar con la inmigración ilegal masiva.
