El Departamento del Interior del presidente Donald Trump ha cancelado lo que habría sido uno de los parques eólicos terrestres más grandes de los Estados Unidos, citando irregularidades legales y falta de planificación responsable por parte de la administración anterior. La medida, anunciada tras una exhaustiva revisión interna, revierte la aprobación otorgada al controvertido Proyecto Eólico Lava Ridge, que fue impulsado por el expresidente Joe Biden en las últimas semanas de su mandato.

La instalación, que había sido avalada por la Oficina de Administración de Tierras en diciembre de 2024, contemplaba la construcción de hasta 231 turbinas en una superficie de más de 57.000 acres (23.239 hectáreas) en el sur de Idaho. Se esperaba que el parque generara 1.000 megavatios de electricidad, pero su viabilidad ha sido fuertemente cuestionada desde diversos sectores políticos y comunitarios.

En una declaración oficial, el secretario del Interior, Doug Burgum, ha elogiado la decisión del presidente Trump como una «acción firme en defensa de los intereses del pueblo estadounidense», y ha acusado a la administración Biden de haber aprobado el proyecto de forma precipitada e irresponsable. «Estamos priorizando la protección de nuestros paisajes y las comunidades rurales frente a modelos energéticos poco confiables y dañinos», ha afirmado Burgum.

Uno de los puntos más críticos del proyecto, según el gobierno de Trump, fue la aparente omisión de requisitos legales clave durante su aprobación. La nueva evaluación sostiene que varios criterios obligatorios fueron ignorados, lo que motivó la rescisión del permiso. La medida fue respaldada por una orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día en la Casa Blanca, que suspendía temporalmente el desarrollo de proyectos eólicos en tierras federales y en la plataforma continental marina.

El rechazo al proyecto no se limita al gobierno federal. Brad Little, gobernador republicano de Idaho, emitió una directiva adicional instando a las autoridades estatales a alinearse con la moratoria federal, y a frenar tanto Lava Ridge como otras iniciativas eólicas que consideren perjudiciales para el estado.

Desde Idaho, también se han alzado voces críticas como la del fiscal general Raul Labrador, quien ha denunciado que la administración Biden no tomó en cuenta los riesgos para la navegación aérea. Según ha explicado, las torres de más de 60 metros deben ser evaluadas bajo normas de la Administración Federal de Aviación (FAA), cosa que no se habría cumplido adecuadamente.

Además, Labrador ha cuestionado que gran parte de la energía generada por Lava Ridge se destinaría a California, en lugar de beneficiar a los ciudadanos de Idaho. Esta preocupación fue compartida por el congresista republicano Mike Simpson, quien reprochó a la administración anterior haber ignorado los impactos sobre zonas protegidas como el Sitio Histórico Nacional de Minidoka, así como sobre actividades locales como el pastoreo o la lucha contra incendios forestales.

En un comunicado reciente, el Departamento del Interior afirmó que está «restaurando la lógica en la estrategia energética nacional» y que no continuará otorgando privilegios a tecnologías que considera intermitentes y perjudiciales. «La era de aprobar proyectos a espaldas de las comunidades locales ha terminado. Bajo la dirección del presidente Trump, nuestra prioridad será siempre el bienestar de los ciudadanos, la integridad del territorio y un desarrollo energético responsable», concluyó el texto oficial.