Al menos 2,6 millones de inmigrantes ilegales han abandonado Estados Unidos desde la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca. Esa es la cifra con la que el Ejecutivo estadounidense reivindica el giro histórico de su política migratoria y certifica el fin de la permisividad en las fronteras. Lejos de dar marcha atrás, el Gobierno advierte de que la ofensiva continuará, consolidando una estrategia basada en el cumplimiento de la ley, la defensa de la soberanía nacional y la ruptura con el modelo de fronteras abiertas impuesto en los últimos años.

La cifra aparece destacada en una imagen difundida por la Casa Blanca en la red social X, en la que Trump comparece ante el atril presidencial con un mensaje: «Millones han sido deportados bajo la administración Trump, y el trabajo no se detendrá aquí«.

Desde su regreso al poder, Trump ha situado la inmigración ilegal como una cuestión central de seguridad nacional, empleo y cohesión social. El refuerzo del control fronterizo, el respaldo a las fuerzas de seguridad y la eliminación de incentivos a la permanencia irregular han provocado un efecto inmediato que contrasta con el caos heredado de administraciones anteriores.

La Casa Blanca defiende que estas medidas responden al mandato de millones de estadounidenses que exigen orden, legalidad y protección de sus comunidades frente a los efectos de la inmigración ilegal masiva. Frente a la presión ideológica de quienes reclaman regularizaciones generalizadas, el Gobierno insiste en que no habrá marcha atrás ni concesiones.