HASTA THE ECONOMIST ADMITE QUE LA MAQUINARIA DE EXPULSIÓN YA FUNCIONA
Donald Trump. Europa Press.
Por Bárbara Saavedra
29 de agosto de 2026
Donald Trump prometió durante la campaña de 2024 ejecutar la mayor operación de deportaciones de la historia de Estados Unidos. Dieciocho meses después de regresar a la Casa Blanca, incluso The Economist, profundamente crítico con su política migratoria, reconoce que el presidente estadounidense está construyendo una maquinaria de expulsión sin precedentes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que alrededor de un millón de personas han sido deportadas desde el comienzo del segundo mandato de Trump. La cifra exacta es difícil de comprobar porque la Administración dejó de publicar determinadas estadísticas oficiales de forma regular, circunstancia que el propio semanario británico utiliza para cuestionar el recuento.
Pero incluso aceptando esa cautela, los demás indicadores muestran una aceleración incontestable. ICE detuvo a 43.000 inmigrantes en junio y a cerca de 50.000 en julio, la cifra mensual más alta desde el regreso de Trump a la presidencia y un récord histórico para la propia agencia.
1,6 millones tienen ya una orden de expulsión
El cambio no se limita a las redadas. Los jueces de inmigración están dictando órdenes de expulsión a un ritmo nunca visto hasta ahora, según los datos recopilados por The Economist.
Más de 1,6 millones de inmigrantes disponen actualmente de una orden de deportación, lo que significa que pueden ser expulsados si son localizados por los agentes federales. La ofensiva ha adquirido una dimensión mucho mayor después de que los republicanos desbloquearan en junio 70.000 millones de dólares adicionales para ICE y la Patrulla Fronteriza.
El objetivo de la Casa Blanca es transformar el control migratorio en una política permanente y dotar a las autoridades de recursos suficientes para localizar, detener y deportar a quienes carecen de derecho legal a permanecer en el país.
Trump cambia de estrategia: menos espectáculo, más detenciones
El Gobierno ha modificado también sus métodos. Las operaciones más espectaculares y conflictivas que caracterizaron los primeros meses del segundo mandato han dado paso a una estrategia menos mediática pero mucho más sistemática.
El nuevo responsable del DHS, Markwayne Mullin, ha reducido las grandes redadas en centros de trabajo y los despliegues masivos en ciudades gobernadas por los demócratas. Pero eso no ha significado una reducción de las expulsiones. Al contrario.
Mientras baja el perfil televisivo de las operaciones, las detenciones de ICE continúan creciendo. Funcionarios de la agencia han señalado que la Casa Blanca pretende alcanzar hasta 2.000 arrestos diarios, aunque todavía no ha conseguido mantener ese volumen durante un mes completo.
La nueva filosofía recuerda a la defendida durante años por el zar fronterizo de Trump, Tom Homan: menos gestos simbólicos y mayor capacidad para localizar y expulsar a quienes tienen una orden pendiente.
1,7 millones de extranjeros pasan a quedar expuestos a la deportación
Otro elemento central de la política de Trump ha sido desmontar parte del entramado de permisos temporales creado o ampliado durante la Administración Biden. La Casa Blanca ha utilizado distintas herramientas legales para dejar a al menos 1,7 millones de extranjeros adicionales expuestos a una posible deportación.
Entre ellas figura la eliminación de visados, permisos humanitarios y programas de Estatus de Protección Temporal (TPS). El TPS permite a ciudadanos procedentes de determinados países permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras persisten guerras, desastres naturales o crisis políticas en sus lugares de origen.
Trump considera que numerosos programas temporales se habían convertido en mecanismos de permanencia prácticamente indefinida. Su Administración ha comenzado a cerrarlos.
Más de un millón pierden la protección temporal
Más de un millón de personas procedentes de 13 países han perdido ya el TPS. La medida ha recibido además un importante respaldo judicial. En junio, el Tribunal Supremo permitió a la Administración retirar las protecciones concedidas a ciudadanos de Siria y Haití.
Otros 170.000 salvadoreños perderán previsiblemente su estatus en septiembre, incluidos algunos que llevan décadas residiendo en Estados Unidos. El mensaje del Departamento de Seguridad Nacional ha sido inequívoco: «Aquellos cuyo TPS haya terminado deben marcharse ahora. Si no lo hacen, los deportaremos».
La Administración está impulsando simultáneamente programas de salida voluntaria, ofreciendo a determinados inmigrantes la posibilidad de abandonar el país antes de que ICE ejecute formalmente su expulsión.
Inteligencia artificial para localizar a quienes deben ser deportados
Washington también está incorporando tecnología a escala inédita. ICE utiliza herramientas desarrolladas por Palantir para identificar la posible localización de inmigrantes sujetos a expulsión. El sistema, denominado ELITE, permite generar mapas con fotografías, nombres y posibles domicilios de personas buscadas por las autoridades migratorias.
Los agentes pueden evaluar además la probabilidad de que una persona resida realmente en una dirección determinada antes de enviar una patrulla. La tecnología está convirtiendo progresivamente la política migratoria estadounidense en una operación basada en grandes bases de datos, cruzamiento de información e inteligencia artificial, reduciendo la dependencia de redadas indiscriminadas.
Aeropuertos, visados caducados y colaboración entre agencias
La cooperación entre organismos federales también se ha reforzado. ICE está trabajando más estrechamente con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para detectar a extranjeros con visados caducados cuando pasan por los aeropuertos estadounidenses. El Gobierno ha ampliado además las comprobaciones sobre solicitudes pendientes de renovación de visados y tarjetas de residencia.
Mullin sostiene que aquellos inmigrantes que cumplen las reglas, carecen de antecedentes y acuden correctamente a sus citas judiciales no deberían convertirse en prioridad para la deportación. La Administración busca así concentrar cada vez más recursos en quienes ya disponen de órdenes de expulsión o han perdido su estatus legal.
Las fronteras ilegales, reducidas a mínimos
Hay otro dato que el propio The Economist reconoce y que ayuda a explicar el cambio de estrategia. Los cruces ilegales de la frontera sur se encuentran actualmente en niveles mínimos.Durante la presidencia de Joe Biden, millones de personas llegaron a la frontera con la intención de solicitar asilo, saturando el sistema migratorio estadounidense.
El desplome de las nuevas entradas permite ahora a Trump desplazar recursos desde la propia frontera hacia la localización de inmigrantes que permanecen ilegalmente dentro del país. La política migratoria ha pasado, por tanto, de intentar controlar una frontera desbordada a ejecutar las consecuencias de años de acumulación de expedientes pendientes.
La izquierda pide ahora abolir ICE
La magnitud de la ofensiva ha provocado una reacción política considerable. Según el sondeo de The Economist/YouGov citado por el propio medio, el 47% de los estadounidenses apoya actualmente abolir ICE, incluida una quinta parte de quienes votaron por Trump en 2024.
El apoyo a la política migratoria presidencial también se ha deteriorado entre los hispanos. Organizaciones de izquierda denuncian además separaciones familiares, condiciones deficientes en algunos centros de detención y actuaciones excesivamente agresivas de agentes federales.
The Economist señala que 56 personas han muerto bajo custodia de ICE desde la llegada de Trump, y recoge críticas sobre hacinamiento y falta de garantías legales en algunos procedimientos. La Administración sostiene, en cambio, que el problema fundamental procede de décadas de incumplimiento de las leyes migratorias y de millones de expedientes que nunca terminaron en una expulsión efectiva.
El 93% del movimiento MAGA respalda su política
Las críticas no han debilitado el apoyo dentro del núcleo electoral del presidente. Un contundente 93% de los republicanos que se identifican con el movimiento MAGA aprueba la gestión migratoria de Trump, según los datos recogidos por The Economist. Para este sector del electorado, la cuestión es precisamente que las leyes migratorias dejen de ser una declaración sobre el papel y comiencen a aplicarse. Y ése es el cambio fundamental que está produciendo el segundo mandato de Trump.
Tras décadas en las que Estados Unidos acumuló órdenes de expulsión que rara vez llegaban a ejecutarse, permisos provisionales que se eternizaban y millones de expedientes enquistados, la Casa Blanca está intentando convertir la deportación en una consecuencia real de permanecer ilegalmente en el país.