La administración Trump ha firmado una orden ejecutiva que busca erradicar lo que considera un «sesgo anticristiano» dentro de las instituciones federales, en una nueva medida que refuerza su alianza con los sectores evangélicos y conservadores de Estados Unidos. Esta decisión, lejos de ser improvisada, responde a una estrategia largamente preparada durante la campaña presidencial del año 2024 y ahora puesta en marcha tras el regreso del magnate a la Casa Blanca.
La directiva lleva por título «Proteger las libertades religiosas de los estadounidenses» y ha sido impulsada por figuras clave como la fiscal general Pam Bondi, quien también lidera un grupo de trabajo que durante los próximos dos años se dedicará a revisar posibles casos de discriminación religiosa —con especial atención al cristianismo— en agencias como el Departamento de Estado, el FBI o el Servicio de Impuestos Internos.
Este grupo de trabajo se centrará especialmente en el periodo de gobierno de Joe Biden, al que la nueva administración acusa de haber permitido o ignorado prácticas contrarias a las convicciones religiosas cristianas. La medida exige a los empleados federales que, antes del 18 de abril, denuncien cualquier situación de discriminación sufrida o presenciada durante los años anteriores, con detalles precisos sobre los incidentes: fechas, lugares, nombres y descripciones completas. Para ello, se ha habilitado una plataforma específica de recogida de testimonios, que pueden ser anónimos.
El detonante público de esta nueva ofensiva fue la publicación, el 11 de abril, de una nota interna del Departamento de Estado filtrada por la versión estadounidense de Politico. En ella, se instruía a los trabajadores del ministerio a señalar comportamientos o políticas que mostraran prejuicio contra personas de fe cristiana. La filtración provocó un verdadero terremoto mediático durante la Semana Santa, reactivando el debate sobre religión y política en el país.
La respuesta entre el funcionariado ha sido mixta. Algunos empleados, bajo el anonimato, han expresado su incomodidad. «Esto genera un clima de sospecha. Parece una caza de brujas religiosa», comentó uno. Otro aseguró que la orden «busca solucionar un problema inexistente» y temió que pueda utilizarse como arma para venganzas internas. No faltaron referencias distópicas: «Parece que vivimos dentro de El cuento de la criada«, señaló un tercero, en alusión a la famosa novela de Margaret Atwood.
A pesar de que el texto legal habla de proteger la libertad religiosa en general, el foco está claramente puesto en la marginación de los cristianos en la era Biden. Esta insistencia en el «sesgo anticristiano» ha sido interpretada como un intento de reforzar la conexión con la base religiosa de Trump, especialmente entre los evangélicos, quienes fueron clave en su victoria del 5 de noviembre.
Además de esta ofensiva institucional, la nueva administración ha lanzado otras iniciativas simbólicas para contentar a este sector del electorado: impulso de la oración en las escuelas, designación de jueces con perfil religioso y mayores libertades para empleadores que aleguen objeción de conciencia por motivos de fe.
