La Administración Trump traerá afrikáneres blancos de Sudáfrica a Estados Unidos como refugiados a partir de la próxima semana tras asegurar que son «víctimas de una discriminación racial injusta». Esta medida se pondrá en marcha pese a que, en paralelo, la mayoría de los programas de acogida humanitaria permanecen congelados por decisión del propio Gobierno estadounidense.
La primera remesa estaría compuesta por más de una veintena de personas que, según fuentes diplomáticas, aterrizarían el lunes en territorio estadounidense. Funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos, así como representantes del Departamento de Estado, estarían entre los encargados de recibirlos oficialmente. También se espera la participación del subsecretario de Estado en esta bienvenida formal.
En declaraciones recientes, Stephen Miller, uno de los principales asesores de política migratoria de la Casa Blanca, defendió la medida asegurando que «la situación que se vive en Sudáfrica cumple todos los requisitos tradicionales que justifican el estatuto de refugiado». Según él, se trata de un caso claro de «persecución racial», en el que personas son objeto de discriminación por pertenecer a un grupo étnico específico.
Este anuncio ha provocado una dura reacción por parte del gobierno sudafricano, que ha calificado de «infundadas» las acusaciones de discriminación sistemática contra los afrikáneres. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudáfrica ha lamentado lo que considera una decisión con trasfondo político, y ha alertado sobre el riesgo de «cuestionar la legitimidad de una democracia constitucional que ha trabajado con empeño para superar décadas de segregación racial».
En medio de esta controversia diplomática, el Departamento de Estado norteamericano confirmó que su embajada en Pretoria ha estado gestionando solicitudes de asilo y llevando a cabo entrevistas, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump. El documento, conocido como la Orden Ejecutiva para Abordar las Acciones Atroces de la República de Sudáfrica, da prioridad al caso de afrikáneres que alegan haber sufrido marginación por motivos raciales.
Los afrikáners, descendientes principalmente de colonos holandeses asentados en el sur de África desde el siglo XVII, han sido objeto de atención por parte de sectores conservadores de los Estados Unidos, especialmente tras la aprobación de una ley sudafricana que permite, en ciertas circunstancias, la expropiación de tierras sin indemnización. Esta legislación, defendida por el Gobierno sudafricano como parte de su programa de justicia agraria, ha generado inquietud en Washington.
El asunto ha tensado aún más las relaciones entre ambos países, especialmente desde que el secretario de Estado, Marco Rubio, ordenara la expulsión del embajador sudafricano en Estados Unidos en marzo. Rubio lo acusó de ser un «agitador racista» y de estar alineado con un discurso antiestadounidense. Ese mismo mes, el alto funcionario se ausentó de una cumbre de ministros de Exteriores del G20 celebrada en Johannesburgo, en señal de protesta.
