La Administración de Donald Trump ha abierto un nuevo frente contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el sistema educativo estadounidense. El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) han presentado una propuesta normativa que permitirá retirar las exenciones fiscales federales a colegios y universidades privadas que concedan ventajas o establezcan diferencias entre estudiantes en función de su raza, color u origen nacional o étnico.

El alcance potencial de la medida es enorme. El propio Tesoro calcula que las nuevas reglas podrían afectar a hasta 18.000 instituciones educativas privadas acogidas actualmente al régimen fiscal 501(c)(3), desde colegios de primaria y secundaria hasta universidades, escuelas profesionales y centros de formación especializada. En conjunto, unos 750.000 alumnos estudian en instituciones que podrían quedar sometidas a la nueva regulación.

La Casa Blanca pretende así trasladar al ámbito fiscal la ofensiva que Trump mantiene desde su regreso al poder contra las políticas DEI. Si la regulación termina entrando en vigor, una institución privada que mantenga programas considerados discriminatorios podría perder uno de los privilegios económicos más importantes del sistema educativo estadounidense: su condición de organización exenta de impuestos federales.

«Cambiarle el nombre no deja de hacerlo discriminatorio»

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la medida argumentando que las preferencias raciales no dejan de ser discriminatorias simplemente porque sean presentadas bajo las etiquetas de diversidad o inclusión porque terminan volviendo a discriminar a ciertos colectivos como los blancos.

«Las escuelas que rebautizan las preferencias basadas en la raza como equitativas, inclusivas o favorables a la diversidad no cambian su naturaleza discriminatoria», afirmó Bessent al anunciar la propuesta. El responsable del IRS, Frank Bisignano, advirtió igualmente de que las instituciones privadas que persistan en prácticas discriminatorias «deberían esperar perder» su condición de entidades exentas de impuestos.

La regulación abarcaría prácticamente todos los ámbitos de la vida académica. Las instituciones podrían perder la exención si discriminan por raza en procesos de admisión, políticas educativas, becas y préstamos, programas deportivos o cualquier otra actividad administrada o financiada por el propio centro.

Uno de los puntos más relevantes es que la Administración Trump quiere eliminar también antiguas disposiciones del IRS que permitían determinadas preferencias raciales destinadas a compensar desigualdades históricas. Para el Tesoro, esas excepciones son incompatibles con un principio uniforme de no discriminación.

El Gobierno permitirá ayudas sociales, pero no en función de la raza

La propuesta no prohíbe a colegios y universidades favorecer a estudiantes desfavorecidos. Lo que exige es que lo hagan utilizando criterios que no dependan de la raza.

Las instituciones podrán seguir ofreciendo ventajas en admisiones, becas o ayudas económicas atendiendo a factores como los ingresos familiares, la procedencia geográfica, ser el primer miembro de una familia que accede a la universidad, dificultades personales, pertenecer a una familia militar o el rendimiento académico.

Lo que no podrán hacer, si quieren conservar el beneficio fiscal, es conceder esas ventajas por la pertenencia del estudiante a una determinada raza o grupo étnico.

La regulación tampoco pretende impedir el funcionamiento de los centros religiosos. Una escuela podrá mantener su misión confesional, exigir determinadas condiciones de afiliación religiosa y organizar programas de culto conforme a la legislación existente.

Trump utiliza uno de los mayores privilegios financieros de las universidades

La amenaza es especialmente significativa porque la exención fiscal constituye una pieza fundamental del modelo económico de numerosas instituciones educativas privadas estadounidenses.

Además de quedar exentas de determinados impuestos, su condición de organizaciones sin ánimo de lucro hace que las donaciones que reciben puedan beneficiarse de deducciones fiscales, facilita determinadas operaciones financieras y permite que parte de los rendimientos de sus fondos patrimoniales disfruten de un tratamiento favorable. Perder esa condición podría representar millones de dólares para las grandes universidades.

Trump ya había amenazado anteriormente con utilizar esta herramienta contra Harvard, una de las universidades con las que la Casa Blanca ha mantenido un enfrentamiento por sus políticas de diversidad, sus admisiones y otras cuestiones ideológicas. La nueva norma, sin embargo, establecería un mecanismo general aplicable a miles de instituciones en lugar de limitar la batalla a centros concretos.

Una ofensiva apoyada en el Tribunal Supremo

El Gobierno fundamenta su actuación en varias decisiones históricas del Tribunal Supremo estadounidense. Una de ellas es Brown v. Board of Education, la sentencia de 1954 que declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas.

También se apoya en Bob Jones University v. United States, un caso de 1983 en el que el Supremo avaló la retirada de la exención fiscal a una universidad cristiana que mantenía políticas que prohibían las relaciones sentimentales interraciales. La decisión estableció que una institución educativa no podía beneficiarse de privilegios fiscales si sus prácticas eran contrarias a una política pública fundamental contra la discriminación racial.

Pero el precedente más directamente relacionado con la actual ofensiva es la sentencia Students for Fair Admissions v. Harvard de 2023, mediante la cual el Tribunal Supremo restringió drásticamente el uso de la raza en las admisiones universitarias. La mayoría conservadora consideró que los sistemas empleados por Harvard y la Universidad de Carolina del Norte vulneraban las garantías constitucionales de igualdad.