La embestida de una narcolancha contra una semirrígida de Guardia Civil frente a Cabo Cope ha elevado la preocupación entre los agentes del Servicio Marítimo, después de que tres guardias civiles resultaran heridos durante el operativo este jueves.
Uno de los agentes sufrió un corte en una pierna que requirió cinco puntos de sutura, mientras que otros dos presentaron lesiones cervicales. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) considera que el incidente refleja un cambio en la forma de actuar de los patrones de estas embarcaciones, que anteriormente centraban sus esfuerzos en escapar y ahora recurren también a maniobras violentas para evitar ser interceptados.
El portavoz de AUGC en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, relaciona esta evolución con la presión policial sobre unas organizaciones que, a su juicio, están cada vez más profesionalizadas. Según la información recibida por la asociación, los ocupantes de la embarcación intentaron zafarse de los agentes golpeando directamente la patrullera oficial.
«Si no tienes las embarcaciones adecuadas, te embisten», resume Montalbán en declaraciones al diario La Verdad, quien reclama mayores medios para afrontar las persecuciones marítimas.
Los agentes intervinieron con la S-40, una semirrígida de pequeño tamaño reforzada con aluminio. El portavoz de AUGC sostiene que la intención de los patrones era inutilizar la embarcación policial para continuar la huida. El impacto no consiguió dejarla fuera de servicio, aunque provocó heridas a los tres agentes.
El Servicio Marítimo dispone actualmente de tres embarcaciones adjudicadas. La S-40 es rápida, pero de dimensiones reducidas; otra patrullera se utiliza principalmente para vigilancia e inspecciones y alcanza unos 25 nudos, mientras que la Río Cervera puede aproximarse a los 50 nudos, aunque permanece en reparación.
AUGC advierte de que estas prestaciones resultan insuficientes ante unas lanchas rápidas utilizadas por organizaciones criminales que pueden superar los 50 nudos, alcanzar los 55 e incluso aproximarse a los 60. La asociación reclama una nueva patrullera de alta velocidad para reducir el riesgo durante las persecuciones.
También pide incrementar la plantilla. El Servicio Marítimo cuenta con entre 30 y 40 efectivos, según Montalbán, frente a los 60 que, a juicio de AUGC, serían necesarios para garantizar una presencia permanente en el litoral. La cifra actual, sostiene, apenas ha variado desde los años noventa.
La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) coincide en reclamar una mejora de los medios. Su portavoz, David Aguilar, recuerda que su organización ya había advertido sobre las carencias existentes en mantenimiento, reparación y renovación de las embarcaciones disponibles en la Región.
Aguilar vincula la embestida de Cabo Cope con la presión ejercida sobre las redes que operan en zonas como Calabardina o Mazarrón y recuerda que este tipo de actuaciones violentas ya se han producido en otros puntos del litoral andaluz.
«Cuando se ven atrapados no dudan en embestir», señala Aguilar, quien considera que el incidente supone una advertencia sobre el posible incremento de la violencia empleada por estas organizaciones.
El antecedente más grave se produjo en Barbate el 9 de febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió una embarcación de la Guardia Civil y provocó la muerte de los agentes Miguel Ángel González y David Pérez.
Jucil reclama además más protección para los guardias civiles destinados en las patrulleras. Aguilar señala que los agentes no disponen, según su organización, de chalecos antibalas adecuados para una eventual caída al agua y reclama órdenes claras para responder ante situaciones de elevada violencia.
Las asociaciones también advierten de la transformación de las embarcaciones utilizadas por las redes dedicadas al tráfico de inmigrantes ilegales. Frente a las pateras empleadas tradicionalmente para realizar los desembarcos, ahora utilizan lanchas rápidas y de mayor valor que pueden regresar posteriormente al norte de África.
AUGC considera que esta evolución exige adaptar los medios policiales a una realidad diferente y reclama incrementar la plantilla, renovar las embarcaciones y establecer protocolos claros de actuación durante las persecuciones.
