Por primera vez en más de seis décadas, el Gobierno estadounidense de Trump está haciendo frente a la llegada masiva de inmigrantes ilegales y ha conseguido revertir la tendencia: en junio, se logró reducir la población extranjera residente en el país a 51,9 millones de personas, lo que equivale al 15,4% del total nacional. A comienzos de año eran 53,3 millones, el nivel más alto jamás registrado.

El informe del Pew Research Center, elaborado con datos de la Oficina del Censo, señala que entre enero y junio de 2025 al menos 1,5 millones de inmigrantes abandonaron Estados Unidos, ya fuera de manera voluntaria o por procesos de deportación. El centro de estudios vincula este retroceso tanto a la política de expulsiones masivas impulsada por la administración Trump desde su regreso al poder, como a las restricciones al asilo aprobadas en junio de 2024 bajo la presidencia de Joe Biden, que ya habían limitado los intentos de cruce en la frontera sur.

Desde enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha deportado a unas 180.000 personas. Si se mantiene el ritmo actual, el año podría cerrar con más de 400.000 expulsados, una cifra inferior a los 685.000 que fueron repatriados en 2024 bajo la administración demócrata, pero aún así considerada un triunfo político por Donald Trump, cuyo objetivo declarado es alcanzar el millón de deportaciones anuales.

Para acelerar el proceso, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha propuesto dotar al ICE de su propia flota aérea. Hasta ahora, las expulsiones se realizan mediante aviones contratados a empresas privadas, como CSI Aviation. El nuevo presupuesto federal, firmado el 4 de julio, respalda este plan: el Congreso ha aprobado más de 100.000 millones de dólares hasta 2029 para reforzar tanto al ICE como el control fronterizo, destinando 45.000 millones de esa cantidad a la construcción de centros de detención.

El dinero situará al organismo migratorio en niveles de gasto equiparables a grandes ejércitos. Según cifras de la OTAN, el ICE dispondrá de 28.000 millones de dólares anuales a partir de 2026, más que lo invertido en defensa por países como Turquía (23.000 millones en 2024) o España y Países Bajos (22.000 millones cada uno).

El endurecimiento de las medidas migratorias cuenta con un fuerte respaldo en el electorado republicano, que aprueba las redadas de ICE en comunidades inmigrantes. Sin embargo, los hispanoamericanos —un colectivo clave en la política nacional— muestran creciente descontento. Aunque en 2024 el 48 % de ellos votó por Trump, 12 puntos más que en 2020, las encuestas más recientes reflejan un giro crítico.

Un sondeo publicado el 14 de agosto por el propio Pew Research Center revela que el 67 % de los votantes hispanos desaprueba la gestión de Trump en materia migratoria. Entre los jóvenes de 18 a 34 años que apoyaron al expresidente, el respaldo cayó drásticamente: del 94 % en febrero al 69 % en agosto, una pérdida de 25 puntos en apenas seis meses.

Los analistas advierten que el voto latino podría ser decisivo para el futuro del Partido Republicano en las legislativas de medio mandato de 2026, especialmente en estados como Texas, donde este segmento de la población puede inclinar el resultado en las elecciones a la Cámara de Representantes.