La Administración de Donald Trump prepara una ofensiva contra algunas de las principales organizaciones progresistas de Estados Unidos, entre ellas la red Open Society Foundations vinculada al multimillonario George Soros, mediante una revisión de los privilegios fiscales de los que disfrutan como entidades sin ánimo de lucro.
El Departamento del Tesoro, dirigido por Scott Bessent, y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) estarían preparando actuaciones para determinar si determinadas organizaciones cumplen realmente las condiciones necesarias para conservar su estatus fiscal privilegiado 501(c)(3), según fuentes de la Administración citadas por el New York Post.
Entre las organizaciones que estarían bajo escrutinio figuran Open Society Foundations, Southern Poverty Law Center (SPLC), Council on American-Islamic Relations (CAIR) y MediaJustice, además de otros grupos vinculados al activismo progresista estadounidense.
La pérdida de la condición 501(c)(3) tendría importantes consecuencias económicas: estas entidades dejarían de disfrutar de determinadas exenciones fiscales federales y sus donaciones podrían perder ventajas tributarias.
Una fuente citada por el diario neoyorquino asegura que los funcionarios del Tesoro están abordando la investigación con enorme determinación y consideran que algunas organizaciones y sus grandes donantes podrían encontrarse ya «con el tiempo prestado».
Trump ordenó investigar la financiación de la violencia política
La ofensiva tiene su origen en una orden dictada por Trump después del asesinato del dirigente conservador Charlie Kirk en septiembre de 2025.
El presidente firmó entonces el memorando de seguridad nacional «Countering Domestic Terrorism and Organized Political Violence», mediante el que ordenó a las agencias federales intensificar la persecución de las estructuras financieras vinculadas a la violencia política.
El documento instruye expresamente al secretario del Tesoro a identificar y desarticular las redes financieras que financien terrorismo doméstico o violencia política, además de ordenar al IRS que garantice que ninguna organización exenta de impuestos financia «directa o indirectamente» este tipo de actividades.
Cuando existan indicios suficientes, el organismo tributario deberá además remitir los casos al Departamento de Justicia para una eventual investigación y procesamiento penal.
La iniciativa supone un cambio significativo respecto al tradicional tratamiento fiscal de numerosas organizaciones estadounidenses que, pese a desempeñar una intensa actividad política e ideológica, funcionan jurídicamente como entidades benéficas o educativas sin ánimo de lucro.
La red de George Soros, bajo la lupa
Uno de los principales objetivos de la revisión sería Open Society Foundations, la gigantesca estructura filantrópica creada por George Soros y actualmente presidida por su hijo, Alex Soros.
La organización ha destinado durante décadas miles de millones de dólares a financiar iniciativas relacionadas con inmigración, justicia penal, derechos de las minorías, movimientos sociales, medios de comunicación y organizaciones políticas y civiles en Estados Unidos y numerosos países.
La Administración Trump estudia ahora si algunas de estas actividades son compatibles con las condiciones fiscales concedidas a las organizaciones benéficas.
Sin embargo, la retirada de una exención fiscal no puede producirse automáticamente por decisión de la Casa Blanca. El procedimiento exige investigaciones del IRS, auditorías, recursos administrativos y, previsiblemente, largas batallas ante los tribunales federales.
Precisamente por ello existe un debate interno dentro de la Administración sobre la velocidad con la que debe ejecutarse la ofensiva. Según las fuentes citadas, algunos funcionarios quieren completar una parte sustancial de las investigaciones antes de las elecciones legislativas de noviembre, mientras otros recomiendan actuar con mayor cautela para evitar que una oleada de demandas paralice el proceso.
El Southern Poverty Law Center ya está acusado de fraude
El caso más avanzado es el del Southern Poverty Law Center, una de las organizaciones progresistas más influyentes del país y conocida especialmente por elaborar listas de supuestos grupos extremistas y de odio.
Un gran jurado federal presentó en abril 11 cargos contra la organización por fraude electrónico, declaraciones falsas a una entidad bancaria y conspiración para blanquear dinero, según confirmó oficialmente el Departamento de Justicia. Las acusaciones siguen siendo alegaciones y deberán ser probadas ante los tribunales.
La Fiscalía sostiene que entre 2014 y 2023 el SPLC habría canalizado de manera encubierta más de tres millones de dólares hacia individuos vinculados a diferentes organizaciones extremistas, mientras solicitaba donaciones asegurando que los fondos se utilizaban precisamente para combatir este tipo de movimientos.
Según la acusación federal, el dinero habría llegado incluso a personas asociadas con organizaciones como el Ku Klux Klan, Aryan Nations y el National Socialist Party of America.
El FBI sostiene que la organización utilizó cuentas bancarias vinculadas a entidades ficticias para ocultar el origen, naturaleza y destino de determinados pagos. El SPLC no ha sido condenado y mantiene las garantías propias de cualquier acusado mientras continúa el procedimiento judicial.
