El fiscal demócrata del condado de Fairfax (Virginia), Steve Descano, financiado en el pasado por un comité vinculado a George Soros según Fox News, vuelve a estar bajo presión después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abriera una investigación sobre sus políticas penales hacia inmigrantes ilegales. La pesquisa busca determinar si su oficina ofreció un trato preferente a acusados extranjeros al considerar las consecuencias migratorias en decisiones de cargos, acuerdos de culpabilidad y sentencias.

Descano respondió a la investigación acusando a la Administración de Donald Trump de utilizar el Departamento de Justicia para lanzar «ataques partidistas». Pero su reacción provocó una dura respuesta de Jennifer Harrison, presidenta del Victim Rights Reform Council, que aseguró que la denuncia no nació en la Casa Blanca, sino del entorno de una víctima.

«Esto no tiene nada que ver con el presidente Trump», escribió Harrison en redes sociales, donde afirmó que la queja fue presentada en nombre de Cheryl Minter, madre de Stephanie Minter, una mujer asesinada a puñaladas en una parada de autobús a comienzos de año. El presunto autor del crimen es Abdul Jalloh, un inmigrante ilegal de 32 años procedente de Sierra Leona.

El Departamento de Justicia anunció la apertura de una investigación de derechos civiles por posible «patrón o práctica» de violaciones legales. La División de Derechos Civiles examinará si la oficina de Descano discriminó de forma indirecta a ciudadanos estadounidenses al ofrecer acuerdos más favorables a inmigrantes ilegales para evitarles consecuencias migratorias, como la deportación.

La fiscal adjunta de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, señaló que su división no permitirá que fiscales locales «escojan ganadores» en función del estatus migratorio. También advirtió de que la investigación determinará si la oficina de Descano puso en riesgo a la comunidad al ofrecer «acuerdos dulces» a inmigrantes ilegales acusados de delitos graves.

Descano ha defendido sus políticas como «justas, legales» y alineadas con los valores del condado de Fairfax. Su oficina sostiene que la investigación distorsiona una política pública vigente desde hace más de cinco años y denuncia que el anuncio llega justo antes de su comparecencia ante el Congreso.

El fiscal debe testificar ante el Subcomité de Integridad, Seguridad y Aplicación Migratoria de la Cámara de Representantes en una audiencia titulada «Fairfax County, Virginia: The Dangerous Consequences of Sanctuary Policies». También está prevista la comparecencia de la sheriff del condado, Stacey Kincaid, de Cheryl Minter, del ex fiscal general de Virginia Jason Miyares y de representantes de organizaciones de víctimas.

La figura de Descano lleva años siendo objeto de críticas por parte de sectores conservadores, que lo acusan de aplicar una justicia blanda con delincuentes extranjeros. Su llegada al cargo estuvo impulsada por una importante donación del Justice and Public Safety PAC, organización vinculada a la red política de George Soros, que financió a numerosos fiscales progresistas en Estados Unidos.

El caso Minter se ha convertido ahora en símbolo del debate sobre las llamadas políticas santuario. Para los críticos de Descano, las decisiones de fiscales progresistas han debilitado la seguridad pública al priorizar el impacto migratorio sobre la protección de las víctimas. Para sus defensores, el Departamento de Justicia de Trump estaría intentando criminalizar criterios de discrecionalidad fiscal.