Un juez de inmigración de Estados Unidos ha determinado que la Administración de Donald Trump puede deportar a Salah Sarsour, presidente de la mayor mezquita de Wisconsin, al considerar suficientes los argumentos del Gobierno sobre las consecuencias que su permanencia en el país tendría para la seguridad y la política exterior estadounidense.

Sarsour, de origen palestino y presidente de la Islamic Society of Milwaukee, reside legalmente en Estados Unidos desde hace más de tres décadas y cuenta con una green card. Fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado marzo y permaneció 81 días bajo custodia antes de que un juez federal ordenara su puesta en libertad.

La decisión conocida ahora no supone que vaya a ser expulsado inmediatamente. Sus abogados han anunciado que agotarán las vías de recurso y disponen todavía de mecanismos para tratar de impedir su deportación alegando, entre otros motivos, que podría sufrir torturas si fuera enviado a Cisjordania.

Rubio lo declaró un riesgo para la política exterior de EEUU

Uno de los elementos centrales del procedimiento es un memorando firmado en junio de 2025 por el secretario de Estado, Marco Rubio. Rubio recurrió a una disposición poco utilizada de la legislación migratoria estadounidense que permite promover la expulsión de determinados extranjeros cuando el secretario de Estado considera que su presencia puede provocar «consecuencias potencialmente graves para la política exterior» de Estados Unidos.

El juez de inmigración Jayme Salinardi consideró que el documento de Rubio constituía evidencia suficiente para declarar a Sarsour susceptible de deportación por ese motivo.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene además que existen razones para considerar que su presencia puede afectar negativamente a los intereses estadounidenses y ha relacionado el expediente con antiguas condenas dictadas contra él en Israel.

Condenado en Israel en los años 80 y 90

Sarsour nació en Cisjordania y fue encarcelado en Israel en 1988, después de ser condenado por lanzar piedras contra militares israelíes. Las autoridades estadounidenses sostienen que estuvo también implicado en el lanzamiento de un cóctel molotov, aunque su defensa afirma que no fue condenado por ese hecho.

En 1995 recibió otra condena por intentar poseer armas. Sarsour niega haber cometido esos delitos y sus abogados sostienen que las confesiones utilizadas contra él fueron obtenidas bajo coacción y mediante torturas.

Su antiguo abogado en Israel declaró durante el procedimiento estadounidense que Sarsour había sido obligado a confesar y afirmó que ninguna de aquellas condenas lo vinculó formalmente con una organización terrorista.

El Gobierno estadounidense, por su parte, ha utilizado esos antecedentes como uno de los argumentos para sostener que representa un riesgo.

El juez rechazó otras acusaciones del Gobierno

La Administración Trump no consiguió que prosperaran todos los cargos planteados durante el proceso. El juez rechazó la acusación de que Sarsour hubiera mentido en su solicitud para obtener la residencia permanente. Según sus abogados, también fue descartada la alegación de que hubiera afirmado falsamente ser ciudadano estadounidense para votar. Sarsour tampoco tiene antecedentes penales en Estados Unidos, donde vive desde 1993, según Associated Press.

Pese a ello, el magistrado concluyó que el argumento relacionado con la política exterior era suficiente para permitir que continuara el procedimiento de expulsión.

Trump endurece la actuación contra activistas propalestinos extranjeros

El caso forma parte de una estrategia más amplia de la Administración Trump contra determinados extranjeros vinculados al activismo propalestino. La misma disposición legal utilizada contra Sarsour ha sido invocada en procedimientos contra Mahmoud Khalil y Mohsen Mahdawi, dos activistas a los que Washington ha tratado de expulsar alegando razones de política exterior.

Las defensas de estos afectados y organizaciones de derechos civiles sostienen que el Gobierno está castigando opiniones políticas protegidas por la libertad de expresión.

La Administración rechaza esa interpretación y mantiene que sus actuaciones responden a consideraciones de seguridad nacional, política exterior y aplicación de la legislación migratoria, no simplemente a las opiniones expresadas por los investigados.