Una juez federal designado por la Administración Biden ha bloqueado la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al Temporary Protected Status (TPS) concedido a unos 350.000 inmigrantes haitianos, una figura creada como protección temporal tras el terremoto de Haití de 2010 y convertida desde entonces en amnistía de facto, según recoge Breitbart.

La magistrada Ana Reyes, nacida en Uruguay y nombrada por Joe Biden, ha dictado una suspensión que impide retirar el TPS, pese a que la propia ley establece de forma expresa que «no existe revisión judicial de ninguna determinación» sobre este estatus. Para sortear el texto legal, Reyes ha sostenido que los tribunales pueden revisar «el proceso» aunque no la decisión final, una interpretación inédita que ha encendido las alarmas en la Casa Blanca.

En su resolución, la juez justifica el freno alegando impactos económicos y el supuesto perjuicio para empresas y administraciones si los beneficiarios del TPS pierden permisos de trabajo. También esgrime que Haití sigue mal gobernado y que el retorno sería indeseable, argumentos políticos que, según el Ejecutivo, no sustituyen a la ley.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, su portavoz Tricia McLaughlin denunció «activismo judicial sin cobertura legal». En la misma línea, el asesor migratorio de Trump, Stephen Miller, cargó contra la magistrada: «Un juez no elegido acaba de dictar que elecciones, leyes y fronteras no existen».

El TPS para haitianos fue concebido como medida excepcional y limitada en el tiempo. Sin embargo, distintas administraciones lo han prorrogado durante más de 15 años, consolidando una regularización encubierta que ahora vuelve a quedar en manos de los tribunales. La resolución, previsiblemente, será recurrida y acabará en instancias superiores, pero compra tiempo a los beneficiarios y drena recursos del Ejecutivo.

La decisión también ha sido celebrada por organizaciones pro-inmigración como FWD.us, mientras que en ciudades receptoras del flujo —como Springfield (Ohio)— crece el rechazo vecinal por la presión sobre salarios, vivienda y servicios. En las elecciones de 2024, esos distritos respaldaron mayoritariamente a Trump y al vicepresidente JD Vance, críticos con la política de fronteras abiertas.