El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos ha revocado esta semana la directriz aprobada durante el mandato del expresidente Joe Biden que obligaba a las farmacias a dispensar medicamentos abortivos como condición para poder atender a pacientes cubiertos por programas federales. La decisión supone el cierre definitivo de una política que generó un amplio conflicto legal y político tras la sentencia del Tribunal Supremo que devolvió a los estados la competencia sobre el aborto.
La orden anulada se remonta a 2022, cuando la administración Biden remitió un aviso a cerca de 60.000 farmacias minoristas en el que advertía de que debían facilitar estos fármacos si querían seguir participando en Medicare, Medicaid u otros sistemas financiados con dinero público. Aquella instrucción se presentó como una exigencia derivada de la legislación de derechos civiles y se justificó como respuesta directa al fallo del Supremo en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.
Sin embargo, la medida comenzó a resquebrajarse un año después, cuando un tribunal falló a favor de varias farmacias que alegaban objeción de conciencia. En el procedimiento State of Texas and Mayo Pharmacy v. U.S. Department of Health and Human Services, los jueces dieron la razón a los propietarios que rechazaban vender estos medicamentos por motivos morales o religiosos. A raíz de esa sentencia, el Ejecutivo introdujo modificaciones en la directriz, aunque sin despejar del todo las dudas sobre su alcance real.
Esa ambigüedad es precisamente uno de los argumentos que ahora esgrime el propio Departamento de Salud para justificar la retirada completa de la norma. En el aviso publicado en el Registro Federal, la Oficina de Derechos Civiles reconoce que la versión revisada de 2023 aún podía interpretarse como un intento de utilizar fondos públicos para promover el aborto y, además, como una vía para forzar a los farmacéuticos a participar en prácticas contrarias a sus convicciones, algo que podría vulnerar la ley.
El departamento subraya que la decisión se adopta a la luz de la política declarada del actual Ejecutivo de poner fin al uso forzoso del dinero de los contribuyentes para financiar o fomentar abortos electivos. En ese mismo texto se afirma que la guía heredada del mandato anterior resulta incompatible con dos órdenes ejecutivas firmadas el pasado año por el presidente Donald Trump, hoy al frente de la Casa Blanca.
Una de esas órdenes refuerza la aplicación de la Enmienda Hyde, que prohíbe destinar fondos federales, incluidos los de Medicaid, a la financiación del aborto. La otra se enmarca en las medidas orientadas a controlar el gasto público desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Para el Gobierno, la directriz de 2023 chocaba frontalmente con ambas.
La rescisión también señala otro punto de fricción ideológica: el lenguaje empleado en la normativa de la era Biden. En concreto, el uso del término «persona embarazada» para referirse a mujer embarazada. Según el nuevo aviso oficial, esa expresión contradice una orden ejecutiva que define a la mujer y a la niña como personas de sexo femenino basándose en hechos biológicos. El documento concluye que el concepto utilizado anteriormente resulta innecesariamente amplio, ya que sólo las mujeres y las niñas pueden quedarse embarazadas.
