La Administración Trump podrá seguir deteniendo a inmigrantes sin fianza tras una decisión adoptada por una corte federal de apelaciones, que respalda la política migratoria impulsada desde la Casa Blanca.

El fallo procede del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, con sede en St. Louis, que en una votación dividida (2-1) anuló la resolución de un juez inferior. Este último había considerado que un ciudadano mexicano arrestado en Minnesota tenía derecho a solicitar una audiencia para fijar su posible libertad bajo fianza.

El caso gira en torno a Joaquín Herrera Ávila, detenido en agosto de 2025 por carecer de documentación legal. Las autoridades migratorias lo mantuvieron bajo custodia sin posibilidad de fianza mientras se tramitaba su expulsión del país. Tras recurrir su situación, un tribunal federal le dio inicialmente la razón, al entender que no encajaba en los supuestos que permiten la detención automática.

Sin embargo, la corte de apelaciones interpretó la normativa de forma distinta. En la opinión mayoritaria, el juez Bobby E. Shepherd sostuvo que la legislación es clara al incluir dentro de la categoría de «solicitantes de admisión» a personas en la situación de Ávila, lo que justificaría su detención sin fianza.

Uno de los magistrados, Ralph R. Erickson, expresó su desacuerdo. En su voto particular, advirtió de que este nuevo enfoque supone un cambio relevante respecto a décadas anteriores, ya que, según su criterio, durante casi 30 años personas en circunstancias similares habrían tenido acceso a una audiencia para solicitar su liberación provisional.

La decisión se suma a otra adoptada recientemente por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, que también avaló la política del Departamento de Seguridad Nacional de negar audiencias de fianza a migrantes detenidos en distintos puntos del país. Ambos pronunciamientos contradicen resoluciones previas de tribunales inferiores que consideraban ilegal esta práctica.

En años anteriores, era habitual que los extranjeros sin antecedentes penales detenidos lejos de la frontera pudieran comparecer ante un juez para solicitar la libertad bajo fianza mientras se resolvía su situación migratoria. La detención obligatoria quedaba reservada, en general, para quienes acababan de cruzar la frontera o representaban un riesgo significativo.

El trasfondo jurídico del caso está ligado al principio de habeas corpus, que garantiza el derecho a impugnar ante un tribunal la legalidad de una detención. Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, se han presentado más de 30.000 recursos de este tipo ante tribunales federales, muchos de los cuales han prosperado.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa al demandante, no se pronunció tras conocerse la sentencia. En cambio, la fiscal general Pam Bondi celebró públicamente el fallo, calificándolo como una victoria para la política de «ley y orden» del Gobierno.

Con esta resolución, se refuerza la capacidad del Ejecutivo para mantener bajo custodia a inmigrantes sin necesidad de que un juez evalúe de forma inmediata la legalidad de su detención, un aspecto que sigue generando debate en el ámbito jurídico y político estadounidense.