El gigante tecnológico chino Huawei afronta un grave escándalo de corrupción en Bruselas que involucra a varios de sus altos cargos y ha puesto en entredicho sus prácticas de lobby en las instituciones europeas. La figura central del caso es Valerio Ottati, un belga de origen italiano que trabajó una década en el Parlamento Europeo y que fue contratado por Huawei en 2019 para liderar su estrategia de influencia.
Ottati, exdirector de asuntos públicos de la oficina de Huawei en la UE y que antes ejerció como asistente parlamentario durante diez años de dos ex eurodiputados italianos, uno del PPE y otro del S&D, fue detenido en marzo de este año y acusado de soborno, blanqueo de capitales y conspiración, junto a al menos dos de sus jefes. Las autoridades belgas le atribuyen haber sobornado a eurodiputados con dinero en efectivo, regalos y favores a cambio de apoyos políticos a la compañía. Tras ser puesto bajo arresto domiciliario, Huawei lo despidió.
La Fiscalía belga acusa a ocho personas —entre ellas Ottati, tres directivos chinos de Huawei y proveedores de servicios— de corrupción activa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. En abril solicitaron al Parlamento Europeo que levantara la inmunidad de cinco eurodiputados. Según la investigación, los pagos a los políticos ascendieron hasta 25.500 euros por añadir su firma a una carta dirigida a la Comisión Europea, en la que advertían contra el «racismo tecnológico» hacia empresas como Huawei.
El medio Follow the Money ha llevado a cabo una investigación, basada en entrevistas con diez excompañeros de Ottati en Huawei, y ha revelado que durante años varios empleados advirtieron a la dirección sobre comportamientos indebidos: falsificación de documentos, consumo de drogas en la oficina, comentarios sexistas, presunto fraude en las cuentas de gastos y alarde de sobornos a eurodiputados. Ninguna de estas advertencias llevó a su destitución.
«Ottati pasaba gritando por la oficina que tal eurodiputado estaba en su nómina«, han recordado antiguos compañeros, quienes también han señalado que presumía de colocar «un buen regalo bajo el árbol de Navidad» de los políticos.
Huawei, por su parte, sostiene que mantiene una política de «tolerancia cero con la corrupción» y asegura que, tras las redadas, colaboró con las autoridades y despidió a los implicados. La empresa, sin embargo, no ha sido imputada formalmente hasta el momento.
Los informes judiciales apuntan también a los máximos responsables de la compañía en Bruselas durante los últimos años, Abraham Liu y Tony Jin, quienes avalaron los gastos y decisiones que ahora investiga la justicia.
Además de las prácticas de lobby agresivo —como invitar a eurodiputados a partidos de fútbol en palcos VIP del Anderlecht, con comidas de chef con estrella Michelin—, la investigación apunta a la cultura interna de la empresa, que premiaba a los empleados por cantidad de reuniones logradas, no por resultados reales.
Las revelaciones confirman que Huawei, en su intento de contrarrestar las acusaciones de espionaje chino y mantener su acceso al mercado europeo, no dudó en recurrir a métodos ilegales para ganarse aliados en las instituciones comunitarias.
El caso sigue abierto y mantiene en vilo a Bruselas, mientras la compañía china trata de contener el daño reputacional en un continente cada vez más receloso de su influencia.