Abdul Ballaut ya se encontraba dentro de un programa contra el islamismo radical cuando atacó la fiesta del Orgullo de Berlín. El joven, alemán de 21 años y padres libaneses, permanecía desde hacía años en el radar de las fuerzas de seguridad y contaba con antecedentes, pero logró convencer a sus asesores de que pretendía alejarse del extremismo.

La Ley Penal de Menores había derivado su caso a uno de estos programas. Ballaut había acudido a dos entrevistas y tenía prevista una tercera y última sesión el lunes posterior al ataque. Ninguno de los responsables detectó que estuviera preparando una acción violenta.

El agente de la Red de Prevención de la Violencia que tenía asignado su expediente ha admitido ante los medios alemanes que el joven debió de «interpretar muy bien su papel». «No teníamos claro que necesitase el programa. Era muy amable y educado, no se comportaba con violencia», ha explicado.

El director de la organización, Thomas Mücke, también ha reconocido que sus asesores creyeron apreciar en Ballaut una «verdadera intención de abandonar el islamismo radical». La Policía descubriría después que el atacante había grabado un vídeo en el que juraba lealtad al Estado Islámico.

El caso ha vuelto a poner en entredicho un sistema al que Alemania dedica millones de euros y que, pese a cuatro décadas de experiencia, no ha conseguido impedir que varios de sus participantes terminen cometiendo o preparando atentados.

Dos días después del ataque, la ministra alemana de Familia, Karin Prien, anunció otros cinco millones de euros para reforzar la desradicalización. Prien afirmó que lo sucedido obligaba a revisar el programa «¡Democracia Viva!» y a conceder más peso a la prevención del extremismo.

Alemania cuenta con una de las redes de desradicalización más amplias del mundo. Estos programas surgieron bajo la dirección del servicio de Inteligencia interior, el BfV, para facilitar la salida de miembros de la organización terrorista de extrema izquierda Fracción del Ejército Rojo. Durante los años noventa se extendieron al ámbito neonazi y, más tarde, al islamismo.

El BfV lanzó en 2010 la línea HATIF, destinada a islamistas, aunque tuvo que cerrarla cuatro años después por la escasa demanda. Otra línea confidencial dirigida a las familias de jóvenes radicalizados recibió 4.544 llamadas y atendió 3.061 casos de forma presencial entre 2012 y 2020.

La financiación específica pasó de 300.000 euros en 2015 a 7,5 millones en 2020. En la actualidad existen más de 1.600 iniciativas que abarcan desde la prevención en los colegios hasta el seguimiento individual de presos radicalizados. Más del 60% de estos proyectos está gestionado por organizaciones no gubernamentales.

Los programas personalizados se basan en conversaciones periódicas con asesores, evaluaciones de seguridad y ayudas para encontrar empleo, afrontar deudas o recibir terapia. Sin embargo, los expertos advierten de que el sistema depende de la voluntad de colaboración del radicalizado y resulta vulnerable ante quienes fingen haber abandonado el extremismo.

Una larga lista de fracasos

El caso de Ballaut no es el primero. Anis Amri, autor del atentado contra el mercado navideño de Berlín que dejó 12 muertos en 2016, participó en programas de integración y acompañamiento social. Tras la matanza, los servicios sociales concluyeron que había «simulado cooperación» mientras continuaba su proceso de radicalización.

El tunecino Sief Allah H., condenado por preparar un ataque en Colonia en 2018, también había participado en uno de estos proyectos, pero lo abandonó después de que los asesores no lograran «establecer una relación de trabajo». Otros participantes viajaron desde Bremen hasta territorios controlados por el Estado Islámico, mientras que un hombre atendido en Berlín retomó en 2023 el contacto con círculos salafistas y terminó detenido por planear un ataque con cuchillo.

«Hay pequeñas bombas de relojería circulando por ahí», ha reconocido el responsable de integración del distrito berlinés de Neukölln, Güner Balci. A su juicio, las instituciones alemanas han subestimado el peligro que representan algunos radicalizados.

El ataque también ha sacudido a la comunidad LGTBI de Berlín, que comienza a señalar la homofobia islamista como una amenaza directa. La fiesta «Train of Love», prevista para finales de agosto, ha sido cancelada por primera vez. Sus organizadores sostienen que «los recientes acontecimientos han cambiado drásticamente la situación».

Cansel Kiziltepe, senadora de Berlín responsable de Diversidad, ha asegurado que representantes de esta comunidad le han pedido una mesa federal contra la homofobia. Las víctimas reclaman que esta cuestión ocupe un lugar central en los programas de prevención.