Alemania ha dejado atrás el lenguaje de la acogida ilimitada. Tras una década marcada por la decisión de la excanciller Angela Merkel de abrir las fronteras durante la crisis siria de 2015, el debate migratorio se ha desplazado desde las calles hasta el Parlamento, los tribunales, el Ministerio del Interior y las urnas. El país que durante años simbolizó la recepción masiva de refugiados afronta ahora una presión creciente para recuperar el control de sus fronteras, ejecutar expulsiones y reducir los incentivos que han convertido a Alemania en uno de los principales destinos migratorios de Europa.

El cambio político se produce después de varios ataques que sacudieron el debate público alemán, entre ellos los apuñalamientos mortales de Mannheim, Solingen y Aschaffenburg. En dos de esos casos, las autoridades ya habían rechazado las solicitudes de asilo de los agresores o habían decidido que debían abandonar el país. La cuestión migratoria dejó así de ser una bandera casi exclusiva de Alternativa para Alemania para convertirse en una exigencia transversal, alimentada por las dudas sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias resoluciones.

Alemania alberga a más de tres millones de personas bajo protección internacional o humanitaria. Según la Oficina Federal de Estadística alemana, al cierre de 2024 había alrededor de 3,3 millones de solicitantes o beneficiarios de protección registrados en el país. Entre ellos figuran más de un millón de ucranianos y cientos de miles de sirios, afganos e iraquíes. La magnitud del fenómeno ha colocado la inmigración en el centro del pulso político alemán.

A esa presión se suma una población ilegal difícil de cuantificar con precisión. Eurostat registró en 2024 casi 919.000 nacionales de terceros países detectados en situación ilegal en algún Estado miembro de la UE. Alemania aparece como uno de los países más afectados por esta realidad y como el Estado que más personas devolvió a terceros países tras una orden de salida, con más de 15.000 retornos registrados por la oficina estadística europea.

La llegada al poder de los conservadores de Friedrich Merz, en coalición con el Partido Socialdemócrata, ha acelerado ese giro. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, se ha convertido en una de las figuras centrales de la nueva política migratoria alemana. El Ejecutivo ha reforzado los controles fronterizos, ha impulsado más devoluciones y ha defendido una política de deportaciones más dura frente a quienes no tienen derecho a permanecer en el país.

Alemania mantiene controles en sus fronteras con Polonia, República Checa, Austria y otros países vecinos. La medida, impensable hace unos años en el corazón del espacio Schengen, refleja hasta qué punto ha cambiado el clima político. Lo que antes se presentaba como una excepción temporal se ha consolidado como una herramienta de presión frente a la inmigración ilegal y frente a las redes que aprovechan las grietas del sistema europeo de asilo.

El Gobierno alemán también ha elevado el tono en materia de expulsiones. Berlín deportó el pasado año a más de 20.000 personas, según los datos oficiales difundidos en Alemania, y ha reanudado los vuelos de expulsión a Afganistán. Además, ha ampliado las deportaciones de delincuentes condenados a sus países de origen, uno de los puntos centrales del nuevo discurso de seguridad defendido por el Ejecutivo de Merz.

El endurecimiento no se limita a las fronteras. El Gobierno ha impulsado medidas para reducir el atractivo de Alemania como destino migratorio. Los nuevos refugiados ucranianos ya no acceden automáticamente al mismo nivel de ayudas sociales que recibían hasta ahora. El Ejecutivo justifica la decisión por la necesidad de reducir incentivos y limitar el llamado efecto llamada en un momento de fuerte presión presupuestaria y social.

La cuestión siria resume también el giro alemán. Tras recibir con honores de Estado al presidente interino sirio, Ahmed Sharaa, el canciller Friedrich Merz afirmó esta primavera que alrededor del 80% de los más de 900.000 sirios residentes en Alemania deberían regresar a su país en los próximos años para participar en su reconstrucción. El mensaje marca una ruptura con el marco político nacido en 2015, cuando la acogida fue presentada como una obligación moral irreversible.

Berlín impulsa además, junto a otros socios europeos, una ampliación de la lista de países considerados seguros para acelerar la tramitación de solicitudes de asilo y facilitar las devoluciones. El nuevo Gobierno también ha frenado la vía rápida hacia la nacionalidad alemana aprobada por el Ejecutivo anterior, que redujo los plazos de acceso a la ciudadanía y facilitó la naturalización de cientos de miles de extranjeros.

Tras una década de acogida masiva, la pregunta dominante ya no es cuántas personas puede recibir Europa. La cuestión central es quién tiene derecho a quedarse, quién debe marcharse y cómo evitar que el continente siga como destino preferente para quienes entran sin cumplir los requisitos legales. Alemania, que fue el gran símbolo de la apertura, se ha convertido ahora en el laboratorio político de ese giro.