Alemania se ha convertido en el país que más dinero entrega a los solicitantes de asilo de toda Europa. Tanto es así que todas las plazas de alojamiento están ocupadas, los hoteles se están utilizando como refugios temporales y el campamento improvisado en el antiguo aeropuerto de Tegel, que debía ser una solución de emergencia, se ha transformado en una instalación permanente. El Senado de Berlín no oculta la gravedad de la situación: la califica directamente de «catastrófica«.

En este contexto, el Gobierno de coalición encabezado por el canciller Friedrich Merz (CDU) ha prometido actuar para frenar la inmigración descontrolada. El nuevo ministro del Interior, Alexander Dobrindt (CSU), ha anunciado el fin del «paso libre» en las fronteras y el regreso a la prohibición de conceder asilo a quienes entren desde un «tercer país seguro», es decir, cualquier vecino de Alemania.

Estas normas, ignoradas desde 2015 por la excanciller Angela Merkel (CDU), ahora deberían volver a aplicarse. Sin embargo, la realidad —al menos de momento— es muy diferente: los controles fronterizos siguen siendo meramente simbólicos. Sólo se realizan en autopistas y en algunas carreteras principales, lo que permite a los traficantes de personas utilizar caminos secundarios o cruzar campos abiertos sin dificultad.

Pero el problema de fondo no está solo en las fronteras mal custodiadas. Lo que más atrae a los inmigrantes ilegales a Alemania es el llamado «efecto llamada«. En ningún otro país europeo se ofrecen tantas ayudas. Los solicitantes reciben 441 euros mensuales más alojamiento, mientras en Dinamarca son 236 euros, en Francia 210, y en Polonia no reciben dinero en efectivo.

Y una vez aprobado el asilo, el beneficio es aún mayor: 563 euros al mes en concepto de Bürgergeld para adultos solteros, además de vivienda con calefacción y seguro médico. Incluso si el asilo es rechazado, Alemania sigue pagando estas ayudas. En Francia, Polonia o Dinamarca, las prestaciones se cancelan al rechazar la solicitud; en Dinamarca, además, los ilegales son trasladados a centros de deportación.

Un informe publicado por la cadena pública ARD en marzo demostró que el sistema alemán funciona como un potente imán. Inmigrantes, con o sin motivo real de huida de sus naciones de origen, saben que en Alemania pueden vivir con subsidios prácticamente de por vida. Por eso no se quedan en países como Grecia o Polonia, que simplemente los dejan pasar sabiendo que su destino final será el país que más regala.