Tres años después del mayor desastre ferroviario de su historia reciente, Grecia ha iniciado este lunes en la ciudad de Larisa el juicio por el accidente de tren de Tempe, que en febrero de 2023 dejó 57 muertos y decenas de heridos. El proceso judicial arranca en medio de una creciente tensión social y con fuertes críticas de los familiares de las víctimas, que denuncian que la investigación no ha señalado a los verdaderos responsables políticos del siniestro.

En el banquillo se sientan 36 acusados, en su mayoría técnicos y responsables operativos del sistema ferroviario. Sin embargo, no hay dirigentes políticos entre los imputados, lo que ha alimentado las acusaciones de impunidad en un caso que conmocionó al país.

De ellos, 33 están acusados de «interferir de forma peligrosa en el transporte ferroviario», un delito que puede conllevar penas de cadena perpetua, además de otros cargos como homicidio involuntario y negligencia.

El principal señalado es el jefe de la estación de Larisa, quien habría desviado un tren de pasajeros a la vía equivocada, provocando la colisión frontal con un tren de mercancías. También están imputados otros responsables ferroviarios por fallos graves en sus funciones.

El juicio se prevé largo y complejo, con más de 350 testigos llamados a declarar, entre ellos supervivientes, familiares, directivos de empresas y representantes sindicales.

En paralelo, las autoridades mantienen abierta una investigación contra el exministro de Transporte Kostas Karamanlis por un presunto incumplimiento de sus deberes, mientras otro proceso analiza los retrasos en la implementación de sistemas de seguridad ferroviaria impulsados por la Unión Europea.

El accidente de Tempe desató en su momento una ola de protestas en Grecia, donde amplios sectores de la sociedad denunciaron décadas de abandono, falta de inversión y negligencia estructural en el sistema ferroviario. Ahora, el inicio del juicio reabre el debate sobre las responsabilidades reales detrás de una tragedia que marcó al país.