Agrupación Nacional ha presentado este lunes sus prioridades políticas en caso de llegar al poder tras las elecciones legislativas —algún sondeo ya le acerca a la mayoría absoluta— y que pasan por hacer frente a la inseguridad por la inmigración y a revisar a fondo el actual sistema financiero para sanear unas cuentas «irresponsables».
El líder de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, aspira a ser primer ministro de un futuro gobierno «de unión nacional» y ha esbozado el programa acompañado de su compañera Marine Le Pen y del presidente de Los Republicanos, Éric Ciotti.
El «control» de la inmigración figura entre los ejes centrales del programa. Así, como medidas concretas aboga por expulsar a los delincuentes y criminales extranjeros, recuperar el delito de «residencia ilegal» y ampliar los periodos de detención administrativa por encima de los tres meses. Además, espera «convencer» a Macron para celebrar un referéndum sobre inmigración.
«El programa de la extrema izquierda es una aceleración de la inmigración masiva que causaría sufrimiento y violencia. Este programa conduciría a una saturación sin precedentes de nuestros servicios públicos y a un deterioro sin precedentes de la identidad francesa en su propio territorio», ha agregado.
Bardella ha prometido «poner la autoridad en el centro de la acción pública», una premisa bajo la que ha llamado a perseguir la reincidencia y penalizar a los padres de menores que cometan delitos. Si RN gana, la autoridad volverá además a las aulas con una política de «tolerancia cero» contra los estudiantes conflictivos. Generalizar el uniforme, prohibir el uso de teléfonos móviles y establecer una educación «modular» que permita a los alumnos encaminarse «antes» hacia la formación profesional figuran dentro de este apartado.
Asimismo, ha cargado contra las finanzas «irresponsables» del actual presidente, Emmanuel Macron, y ha planteado una «auditoría de cuentas de la nación», con vistas a solventar los «excesos presupuestarios sin precedentes» que se están produciendo. «Los franceses tienen derecho a saber cómo gasta el Estado su dinero», ha concluido.
