La capital alemana vuelve a situarse en el centro del debate político tras la aplicación de una política de contratación que prioriza el origen migratorio en la selección de jueces y fiscales, en un sistema que ya está siendo cuestionado por su posible incompatibilidad con la Constitución alemana.

La medida, impulsada en 2021 bajo un gobierno liderado por Los Verdes y respaldada por socialdemócratas y la izquierda, obliga a que los candidatos con origen migratorio sean convocados a entrevistas en proporción a su peso en la población, que en Berlín alcanza aproximadamente el 40%.

En la práctica, esto implica que el criterio de selección no responde exclusivamente al mérito, sino que introduce un elemento de discriminación positiva que puede situar en ventaja a aspirantes con menor cualificación frente a otros con mejores credenciales académicas y profesionales.

El sistema ha sido aplicado en los últimos años bajo la supervisión de la Fiscalía de Berlín, en un contexto en el que ya existían advertencias internas sobre los riesgos legales de esta política. Funcionarios alertaron desde el inicio de que vincular el acceso a la función pública al origen migratorio podría vulnerar el artículo 33(2) de la Ley Fundamental alemana, que establece que el acceso a cargos públicos debe basarse exclusivamente en la capacidad, la competencia y el rendimiento.

La polémica refleja un giro más amplio en determinadas administraciones europeas hacia políticas inspiradas en los modelos de diversidad, equidad e inclusión (DEI), donde la representación identitaria comienza a desplazar al mérito como eje central del acceso a instituciones clave del Estado.