
La Unión Europea vuelve a quedar en el centro de la polémica migratoria y de seguridad tras conocerse que nuevas directrices comunitarias están siendo aplicadas en Suecia y podrían favorecer la concesión de asilo a personas con vínculos con el Estado Islámico (ISIS), mientras endurecen los criterios para reconocer la persecución contra cristianos en Siria.
Según ha revelado la prensa sueca, el Migrationsverket (Agencia Sueca de Migraciones) distribuyó a comienzos de enero nuevas orientaciones internas basadas en la última guía de la Agencia de Asilo de la UE (EUAA). Estas directrices han generado malestar y críticas internas entre funcionarios encargados de resolver expedientes de asilo.
Las nuevas pautas establecen que personas con afiliación o vínculos con ISIS en Siria pueden alegar un «temor fundado de persecución», al considerar que podrían ser objeto de represalias, detenciones arbitrarias o violencia tras el colapso del régimen sirio.
En la práctica, esto implica que la mera vinculación con una organización yihadista no basta para denegar el asilo, salvo que la administración logre probar participación directa en crímenes de guerra o delitos graves, algo que los propios funcionarios reconocen como extremadamente difícil.
Un empleado de la agencia sueca citado por medios nacionales calificó las nuevas directrices como «difíciles de justificar desde un punto de vista jurídico y moral», alertando de que el sistema puede terminar protegiendo perfiles peligrosos por defecto.
El contraste resulta aún más controvertido al observar el tratamiento que la misma guía europea reserva a otros colectivos. En el caso de los cristianos en Siria, la EUAA sostiene que sólo en «situaciones excepcionales» podrían ser considerados víctimas de persecución con derecho a protección internacional.
La guía argumenta que los actos de persecución contra cristianos serían «limitados», pese a los ataques documentados, desplazamientos forzosos y violencia sectaria sufridos durante años por comunidades cristianas en el país.
Aunque las guías de la EUAA no son jurídicamente vinculantes, en la práctica los Estados miembros las siguen casi de forma automática, lo que convierte estas orientaciones en un instrumento clave de armonización migratoria desde Bruselas.