La pasada semana el Parlamento Europeo aprobó su informe anual sobre derechos humanos y democracia en el mundo. El documento legitima la imposición ideológica del progresismo globalista y ‘woke’. La Eurocámara impulsa así, una agenda ideológica radical que atenta contra la soberanía de las naciones y la libertad religiosa.
Uno de los pilares del texto es la promoción de los llamados «derechos sexuales y reproductivos». Se establece que «el aborto legal, seguro y gratuito! debe integrarse plenamente en la acción exterior de la UE y en su cooperación internacional. La resolución afirma que la negativa a permitirlo constituye «una forma de violencia de género». Además, se exige que los países receptores de fondos europeos adopten esta visión, lo cual supone un chantaje ideológico que condiciona la ayuda humanitaria al cumplimiento de la agenda abortista.
El Parlamento exige mecanismos para que las instituciones de la UE puedan suspender fondos, acuerdos o proyectos de cooperación cuando un Estado, dentro o fuera de Europa, adopte políticas contrarias a la agenda impuesta. Así, se solicita «una condicionalidad operativa» que permita aplicar represalias diplomáticas, financieras o comerciales si un país no reconoce el aborto o no garantiza la imposición de la ideología de género en sus escuelas .
Se solicita además que los Estados creen «instituciones nacionales independientes de derechos humanos» con presupuestos estables, supervisión internacional y participación de grupos LGTBI y feministas, convirtiendo la gobernanza en un campo ocupado por activistas ideológicos.
Además, se reconoce que los vientres de alquiler pueden constituir trata de seres humanos, pero se condena solo en su versión comercial o en terceros países. No hay ninguna llamada a su prohibición en la UE, lo que equivale a legitimar su práctica dentro del territorio comunitario .
El documento dedica largas secciones a las dificultades de la comunidad LGTBI en el mundo, a las mujeres, a las minorías étnicas, al antisemitismo y a la islamofobia. Pero no hay ninguna mención específica a los cristianos perseguidos, a pesar de que uno de cada siete cristianos sufre persecución grave por su fe en el mundo.
El Parlamento admite, además, que no existe un coordinador europeo para combatir la cristianofobia, aunque sí los hay para otras confesiones. Esto evidencia una deliberada exclusión del cristianismo —la religión más perseguida en el mundo— como sujeto digno de protección. Tampoco se denuncian las masacres cometidas por grupos yihadistas en África, los ataques a iglesias en Asia ni la marginación sistemática de cristianos en países como Nigeria, Pakistán, Irán o la India.
El informe defiende el uso de sistemas digitales para combatir la desinformación, especialmente en contextos electorales, justificando así la censura preventiva. Promueve el uso de verificadores de hechos (fact-checkers) y se insta a redes sociales y plataformas digitales a colaborar activamente en la eliminación de contenidos «nocivos», con especial vigilancia sobre aquellos que cuestionan la agenda de género, el aborto o la inmigración masiva. Asimismo, se alienta a vigilar organizaciones extranjeras, fundaciones e incluso entidades religiosas en un intento de vigilar y restringir el disenso ideológico bajo el pretexto de la seguridad democrática .
El grupo Patriotas votó en contra y señaló que esta resolución «consolida la traición a la raíz cristiana de Europa».
