Nigel Farage ha anunciado que un Gobierno de Reform UK retiraría de la vivienda social a los ciudadanos extranjeros y reservaría prioritariamente estos inmuebles para veteranos, residentes locales de larga duración y otros colectivos británicos vulnerables.
Según la propuesta, los extranjeros que ocupen viviendas municipales dispondrían de un plazo de tres meses para encontrar alojamiento en el mercado privado. Quienes no lograsen trasladarse perderían su derecho de residencia y podrían ser deportados dentro de la denominada Operación Restaurar la Justicia.
«Los extranjeros que no puedan trasladarse a una vivienda privada tras un periodo de gracia de tres meses perderán su derecho a permanecer en el país», sostiene Farage en un ensayo dedicado al impacto de las políticas de diversidad, equidad e inclusión en Reino Unido.
El líder de Reform UK también plantea introducir requisitos de residencia y arraigo local para acceder a una vivienda social. Los veteranos y los vecinos con una relación prolongada con el municipio tendrían preferencia, aunque se mantendrían excepciones para víctimas de violencia doméstica y jóvenes procedentes del sistema de protección de menores.
Prioridad británica en la vivienda social frente a décadas de multiculturalismo
Farage considera «absurdo» que miles de viviendas sociales hayan sido adjudicadas a refugiados desde 2020 mientras numerosos británicos permanecen durante años en listas de espera.
El dirigente sostiene que las políticas de igualdad y diversidad han provocado una redistribución del parque público «lejos de las poblaciones británicas blancas que originalmente habitaban esas zonas». A su juicio, la eliminación de las normas que favorecían a los vecinos locales contribuyó al desmantelamiento de comunidades tradicionales.
Farage señaló que aproximadamente un tercio de los inquilinos sociales de Londres habría nacido fuera de Reino Unido e Irlanda. Los datos del censo citados por The Telegraph indican que el 47,6% de los hogares sociales londinenses tiene como persona de referencia a alguien nacido en el extranjero.
Reform UK también prevé reducir las prestaciones sociales de los ciudadanos con doble nacionalidad, aunque estos no serían expulsados automáticamente de sus viviendas por conservar la ciudadanía británica.
La propuesta se enmarca en el plan migratorio del partido, que contempla deportar a unas 600.000 personas en cinco años, revocar el derecho de asilo de hasta 400.000 refugiados que entraron ilegalmente y suprimir el permiso de residencia indefinido.
El Gobierno laborista ha respondido que los inmigrantes ilegales, los solicitantes de asilo y quienes poseen visados de estudiante o trabajo no pueden acceder actualmente a viviendas sociales. También afirma que casi nueve de cada diez adjudicaciones corresponden a ciudadanos británicos.
Sin embargo, Reform UK sostiene que la escasez de vivienda pública exige ir más lejos y establecer un principio inequívoco: los hogares financiados por los contribuyentes británicos deben adjudicarse primero a los ciudadanos del país.
