La Comisión Europea ha propuesto una nueva normativa que permitiría a los países de la Unión Europea enviar a inmigrantes ilegales rechazados a centros de deportación situados fuera del territorio comunitario, siguiendo el ejemplo de lo que el Gobierno de Italia ha establecido en Albania. Esta medida busca incrementar el número de expulsiones de aquellos cuya solicitud de asilo ha sido denegada en la Unión Europea (UE), permitiendo su traslado no sólo a su país de origen, sino también a terceros países considerados seguros con los que existan acuerdos de repatriación.
La propuesta ha generado debate en una Europa donde el tema migratorio es cada vez más candente y la influencia de partidos soberanistas está en aumento. Varios Estados miembros han solicitado a la Comisión que actualice la directiva de retornos e incluya «soluciones innovadoras» para abordar la inmigración ilegal, lo que en realidad se refiere a la posibilidad de establecer campos de deportación en países fuera de la UE considerados seguros. Esto es lo que ha puesto en marcha Italia con los centros que ha abierto en Albania tras un acuerdo con ese país balcánico.
No obstante, la Justicia europea ha planteado objeciones, especialmente en relación con la lista de países de origen seguros, lo que limita las posibilidades de enviar a estos centros a nacionales de países no incluidos en dicha lista. Bruselas tiene previsto revisar el concepto de «país seguro» antes de junio y está considerando presentar un registro a nivel europeo, lo que podría ampliar las opciones de deportación.
La nueva regulación, diseñada por el comisario de Interior, el austriaco Magnus Brunner, amplía las opciones de deportación para quienes han visto rechazada su petición de asilo y endurece las condiciones para quienes permanecen en territorio europeo pese a tener una orden de retorno. El objetivo es establecer un sistema europeo eficaz y común para gestionar la inmigración, considerado un pilar central del pacto sobre migración y asilo.
El pacto migratorio, aprobado a principios de 2024 y que entrará en vigor a mediados de 2026, incluye legislaciones más restrictivas, como el reparto solidario de solicitantes de asilo por cuotas entre los Estados miembros o, en caso de negativa, una contribución económica de 20.000 euros por cada refugiado rechazado. Además, establece procedimientos para procesar las solicitudes de refugio, registrar e identificar a los inmigrantes ilegales y determinar la fase siguiente en función de su nacionalidad y de cuántas posibilidades tienen de recibir protección.
Sin embargo, la efectividad de las deportaciones ha sido hasta ahora limitada, con sólo el 20% de las órdenes de retorno ejecutadas. Las dificultades incluyen la localización de las personas a deportar, obstáculos legales y la falta de cooperación de los países de origen. La nueva normativa busca abordar estos desafíos mediante acuerdos europeos y bilaterales con las naciones emisoras.
La propuesta también elimina el plazo para los retornos voluntarios e introduce una revisión de seguridad al inicio del proceso para determinar si el inmigrante representa un riesgo para la seguridad del Estado receptor. Además, amplía los plazos de detención si existe riesgo de fuga antes de la deportación y establece una prohibición de reingreso al territorio europeo de diez años para las personas deportadas, en lugar de los cinco años anteriores.
Esta iniciativa refleja el endurecimiento de las políticas migratorias en la UE y la búsqueda de soluciones más efectivas para gestionar la inmigración ilegal y las solicitudes de asilo denegadas.
