La Comisión Europea (CE) dio a Polonia el plazo de un mes para abordar las reformas de su sistema judicial en base a una nueva recomendación sobre el Estado de derecho y mantuvo su advertencia de activar el artículo 7 si no se solucionan los problemas que plantea la ley.
«La Comisión recomienda (a Polonia) que solucione los problemas identificados en el plazo de un mes», dijo el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, que consideró que el veto del presidente Andrzej Duda a dos de las leyes no resuelve todas las preocupaciones expresadas por Bruselas.
Esta recomendación, la tercera desde la activación del procedimiento del Estado de derecho en enero de 2016, «no impide que se promulgue el artículo 7 si fuera necesario», incidió Timmermans.
«La recomendación pide a las autoridades polacas que no tome ninguna medida para forzar la jubilación de los jueces del Tribunal Supremo. Si esto sucediera, la Comisión está dispuesta a poner en marcha el artículo 7», reiteró.
La activación de este artículo del Tratado de Lisboa, que la Comisión puso sobre la mesa por primera vez el pasado miércoles, podría suponer en última instancia la suspensión del derecho a voto de Polonia en las reuniones del Consejo de la Unión Europea (UE) y nunca se ha llegado a iniciar.
Pese a que la aprobación de este tipo de sanción requiere la unanimidad de todos los Estados miembros, la apertura de la advertencia formal puede salir adelante con cuatro quintos de votos a favor.
El presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, recordó que el Estado de derecho es uno de los principios fundamentales en los que se construye la UE y que una magistratura independiente es una «precondición esencial» para la membresía comunitaria.
«Si Polonia continúa debilitando la independencia judicial y el Estado de derecho, no tendremos más remedio que activar el artículo 7″, dijo Juncker en un comunicado.
En paralelo, la Comisión anunció también el lanzamiento de un procedimiento de infracción por violación de la normativa europea, en concreto en materia de separación de poderes y de discriminación de género.
«Dar poder discrecional al ministro de Justicia para prolongar el mandato de jueces que han alcanzado la edad de jubilación, así como de despedir y asignar presidentes de los tribunales, socava la independencia de los juzgados polacos», advirtió la Comisión.
Igualmente, el Ejecutivo comunitario expresó su preocupación por la posible discriminación en base al género que supone la introducción de una edad diferente para las juezas (60 años) y para los jueces (65 años).
La Comisión notificará a Polonia la apertura de este procedimiento de infracción una vez la ley en cuestión, aprobada por el presidente este 25 de julio, se publique de forma oficial.
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