La Comisión Europea estudia obligar a que los coches nuevos vendidos en la Unión Europea a partir de 2030 incorporen un sistema capaz de reducir automáticamente la velocidad cuando detecte que el conductor supera el límite permitido. La tecnología combinaría el posicionamiento por satélite, los mapas digitales y las cámaras del vehículo para identificar las restricciones de cada carretera e intervenir sobre la potencia del motor.
Según ha publicado el diario británico The Telegraph, Bruselas mantiene contactos con fabricantes y organizaciones de seguridad vial para analizar la implantación de esta tecnología. Un portavoz comunitario ha precisado que las conversaciones son «puramente exploratorias», por lo que todavía no existe una propuesta legislativa formal ni una fecha de entrada en vigor aprobada.
El proyecto supondría un salto respecto a los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, conocidos como ADAS, que ya son obligatorios en los vehículos nuevos. Desde julio de 2024, los turismos comercializados en la Unión Europea deben incorporar el sistema de Asistencia Inteligente de Velocidad, que reconoce las señales y cruza la información con mapas digitales para advertir al conductor cuando supera el límite.
La normativa actual exige, sin embargo, que el automovilista conserve el control. El sistema puede emitir señales acústicas, mostrar advertencias en el cuadro de instrumentos o aumentar la resistencia del acelerador, pero no puede impedir que el conductor supere la velocidad indicada. También puede ser desconectado, aunque vuelve a activarse al arrancar de nuevo el vehículo.
La medida que ahora estudia Bruselas iría más lejos. El automóvil podría reducir la potencia del motor sin que el conductor tuviera que tocar el freno. Algunas versiones analizadas permitirían anular la intervención durante unos segundos para afrontar una situación de peligro, como un adelantamiento o una maniobra evasiva.
La utilización del posicionamiento por satélite permitiría adaptar el funcionamiento del vehículo al tramo exacto por el que circula. En el futuro, esta infraestructura también podría facilitar límites variables en función del tráfico, las obras, la meteorología o la presencia de colegios y zonas residenciales.
La iniciativa forma parte de la estrategia comunitaria para reducir las muertes en carretera. El concepto Visión Cero nació en Suecia en 1997 y fue asumido después por las instituciones europeas, que pretenden reducir a la mitad los fallecimientos y las lesiones graves antes de 2030 y acercarse a las cero víctimas mortales en 2050.
Los últimos datos muestran que la Unión Europea continúa lejos de ese objetivo. Cerca de 19.400 personas murieron en accidentes de tráfico durante 2025. La cifra supone un descenso del 3% respecto al año anterior, pero el ritmo de reducción sigue siendo insuficiente para cumplir las metas establecidas por Bruselas.
La presión regulatoria también ha abierto un conflicto con la industria europea del automóvil. Fabricantes como Stellantis y Renault han reclamado la creación de una nueva categoría de coches urbanos más pequeños y baratos, denominada M0 o «e-car», con menos exigencias técnicas y de seguridad.
Las compañías sostienen que las normas europeas sobre seguridad y emisiones encarecen cada vehículo entre 850 y 1.400 euros. Su objetivo es recuperar un segmento abandonado por su escasa rentabilidad y competir con los automóviles eléctricos chinos, que están llegando al mercado europeo con precios inferiores a los de modelos equivalentes fabricados en el continente.
Bruselas afronta así dos presiones contrapuestas: aumentar la capacidad de los sistemas electrónicos para intervenir sobre la conducción y, al mismo tiempo, aliviar las normas que los fabricantes europeos responsabilizan de elevar los precios. La posible limitación automática de velocidad representa un nuevo paso en la transferencia de decisiones desde el conductor hacia el propio vehículo.
