La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo organismo destinado a combatir la llamada «manipulación informativa extranjera», en una iniciativa que, bajo el argumento de proteger la democracia, amplía de forma significativa la capacidad de Bruselas para intervenir en el debate público y los procesos electorales de los Estados miembros.

El nuevo ente, denominado Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, forma parte del denominado «European Democracy Shield» y fue presentado por el comisario de Justicia, Michael McGrath, en el marco del Consejo de Asuntos Generales. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, defendió la medida asegurando que en el actual contexto geopolítico la información «se está utilizando como arma» y que es necesario garantizar que el debate siga siendo «abierto y justo».

Sin embargo, más allá del discurso oficial, el alcance real del proyecto va mucho más lejos que el simple intercambio de información entre países. El Centro tendrá competencias para reforzar lo que la Comisión denomina «elecciones resilientes», elaborar un plan europeo común contra la manipulación informativa, coordinar acciones con medios de comunicación y plataformas digitales e incluso organizar paneles ciudadanos bajo supervisión comunitaria.

La estructura diseñada prevé que la propia Comisión respalde al organismo mediante su secretariado y refuerce la coordinación con el Servicio Europeo de Acción Exterior y con el sistema de alerta rápida de la UE, encargado de monitorizar campañas consideradas desinformativas. En la práctica, esto sitúa a Bruselas en el núcleo de las decisiones sobre qué se considera una «amenaza informativa» y cómo debe gestionarse.

Aunque el texto oficial insiste en que el Centro actuará «respetando plenamente las competencias nacionales», la centralización operativa y estratégica apunta a una ampliación del margen de intervención comunitaria en ámbitos tradicionalmente vinculados a la soberanía estatal, como la organización electoral o la regulación del debate político.

La Comisión justifica la iniciativa citando datos del Eurobarómetro según los cuales el 42% de los ciudadanos percibe la manipulación extranjera como una amenaza grave para la democracia, si bien la encuesta no delimita con precisión qué se entiende por «manipulación».

El nuevo organismo no se limitará a los actuales Estados miembros. También trabajará con países candidatos a la adhesión, lo que permitirá incorporar estándares definidos en Bruselas antes incluso de que esos Estados formen parte oficialmente de la Unión.