Bruselas da un paso más contra la libertad financiera de los europeos y empezará a exigir controles de identidad en todas las transacciones en efectivo que superen los 3.000 euros, así como en todas las operaciones con criptomonedas, sin importar su importe. Además, quedarán prohibidos los pagos en efectivo superiores a 10.000 euros, según el nuevo Reglamento Antilavado de Dinero (AMLR) aprobado por la Unión Europea en 2024.

Estas medidas forman parte del nuevo paquete normativo contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que entrará en vigor de forma progresiva entre 2025 y 2027. Las disposiciones concretas sobre efectivo y criptoactivos comenzarán a aplicarse el 1 de julio de 2027, cuando todos los Estados miembros deberán adaptar sus sistemas financieros a las nuevas reglas.

El reglamento introduce un límite uniforme para el uso del efectivo en toda la UE. A partir de esa fecha, no podrán realizarse pagos en metálico por encima de los 10.000 euros, salvo en transacciones entre particulares fuera del ámbito profesional. No obstante, cada país podrá fijar topes más bajos si así lo considera oportuno.

Además, cualquier operación que implique más de 3.000 euros en efectivo obligará a realizar verificaciones de identidad del cliente, conocidas como medidas de diligencia debida (CDD). El objetivo oficial de Bruselas es reducir el anonimato financiero y prevenir la circulación de dinero procedente de actividades ilícitas.

El control se extiende también al mundo digital. Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASPs) —como los intercambios y plataformas de compraventa de criptomonedas— deberán aplicar procedimientos de verificación (KYC) para todas las transacciones, eliminando el umbral previo de 1.000 euros para las operaciones ocasionales. También estarán obligados a cumplir con la llamada “Travel Rule”, que exige identificar tanto al emisor como al receptor de cualquier transferencia de criptoactivos, sin importar su cuantía.

La Comisión Europea sostiene que estas medidas buscan armonizar las normas en los Veintisiete y fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la financiación del terrorismo. Sin embargo, diversos analistas y asociaciones de defensa de la privacidad advierten que el nuevo marco restringe severamente el uso del dinero en efectivo y pone fin al anonimato en las transacciones digitales, consolidando un sistema financiero cada vez más vigilado y dependiente del control estatal.

Aunque el reglamento ya ha sido aprobado, su implementación completa no será obligatoria hasta 2027, por lo que los nuevos límites y requisitos aún no están en vigor en noviembre de 2025.