La Comisión Europea ha anunciado este lunes la asignación de 600 millones de euros para financiar 70 proyectos de infraestructura «verde» en toda la Unión Europea, una nueva inyección destinada a reforzar su agenda climática y a transformar los sistemas de transporte del bloque bajo criterios medioambientales. Entre los proyectos seleccionados figuran seis iniciativas en España, centradas en la expansión de puntos de recarga eléctrica y en el desarrollo de hidrógeno verde.

El paquete incluye principalmente infraestructura de recarga y repostaje, con el objetivo de forzar la transición hacia vehículos eléctricos —incluidos camiones— y tecnologías alternativas en zonas urbanas, puertos, aeropuertos y la red transeuropea de transporte. Bruselas asegura que este plan permitirá desplegar cargadores de megavatios en más de 500 ubicaciones estratégicas, lo que, según la Comisión, reforzará la competitividad industrial europea y reducirá emisiones.

España recibirá fondos para instalar nuevos puntos de carga para vehículos pesados y ligeros, además de impulsar proyectos de producción de hidrógeno verde y la creación de estaciones de repostaje de este combustible. El Ejecutivo comunitario considera que estas inversiones consolidarán la red pública de recarga en los tramos prioritarios de transporte europeo y contribuirán a cumplir los objetivos del Pacto Verde.

La convocatoria también incluye financiación para la electrificación de 24 puertos europeos, que contarán con suministro eléctrico en tierra para reducir el uso de combustibles fósiles durante las operaciones portuarias. Bruselas prevé además inversiones en infraestructura para el suministro de amoníaco, combustible que la UE quiere posicionar como alternativa de bajas emisiones para el transporte marítimo en los próximos años.

La Comisión insiste en que estas medidas forman parte de su estrategia para «hacer más ecológico» el transporte europeo y acelerar la transición hacia energías renovables. Sin embargo, el creciente coste para los Estados miembros y las presiones sobre sectores industriales críticos vuelven a situar en el centro del debate la sostenibilidad económica y social de la agenda climática impulsada desde Bruselas.