En septiembre, la iniciativa ciudadana europea My Voice, My Choice (Mi voz, mi decisión, en español) presentó más de 1,2 millones de firmas ante la Comisión Europea para reclamar la creación de un fondo común de «solidaridad» que permita sufragar los gastos de viaje y procedimiento de aborto a mujeres que no puedan acceder a esta práctica en sus respectivos países. El objetivo de sus promotores es que el aborto sea reconocido como un «derecho europeo» e incorporado a la Carta de Derechos Fundamentales, lo que abriría la puerta a un sistema de financiación del llamado «turismo del aborto» hacia Estados con legislaciones más permisivas.

Tras el registro formal de la iniciativa, la propuesta se ha convertido en tema central dentro de las instituciones europeas. En las últimas semanas se han celebrado reuniones y actos en la Comisión de Derechos de las Mujeres y en el Parlamento Europeo con el propósito de impulsar su tramitación. La comisaria Hadja Lahbib ha participado en uno de estos encuentros, mientras los grupos de izquierda intensifican su campaña de apoyo en redes sociales, difundiendo mensajes y vídeos de eurodiputados favorables a la medida.

La propuesta coincide con los pasos dados por el Gobierno de Sánchez, que recientemente ha defendido la reforma de la Constitución para incluir el «derecho» al aborto y ha lanzado la página web «Quiero abortar», una plataforma impulsada por los ministerios de Sanidad e Igualdad que pretende ofrecer «un espacio público seguro» para informar a mujeres embarazadas sobre cómo acabar con su embarazo. Según los últimos datos oficiales, en España se practicaron 106.172 abortos en 2023, un 3% más que el año anterior, de los cuales el 78% se realizaron en centros privados.

Dentro del Parlamento Europeo, la eurodiputada sueca Abir Al-Sahlani, del grupo Renew Europe, ha elaborado un borrador de moción de resolución que respalda la iniciativa ciudadana. El texto no sólo defiende el acceso pleno al aborto, sino que además critica las leyes nacionales más restrictivas, cuestionando plazos, requisitos de consentimiento informado, periodos de reflexión e incluso pruebas médicas básicas como análisis o ecografías. El plazo para presentar enmiendas finalizará el próximo jueves, antes de ser sometido a votación por la Comisión de Derechos de la Mujer. Si se aprueba, pasará al pleno del Parlamento Europeo, donde todos los eurodiputados podrán proponer nuevas modificaciones.

Entre quienes trabajan para frenar la iniciativa se encuentra Margarita de la Pisa, eurodiputada de VOX, que en declaraciones a La Razón advierte de las consecuencias de este planteamiento. «Si esta propuesta llegara a ponerse en práctica, sería un comportamiento inaceptable por parte de la Comisión hacia los Estados miembros. Ofrecería una complicidad activa con los ciudadanos para eludir las leyes de sus países, financiando su traslado con dinero procedente del bolsillo de los europeos«, subraya.

De la Pisa sostiene que esta medida cuestionaría la legitimidad de las legislaciones nacionales, presentando las garantías legales como obstáculos. «El consentimiento informado, el periodo de reflexión o las pruebas médicas tienen como objetivo proteger la salud de la mujer embarazada y evitar decisiones irreversibles tomadas bajo presión o desinformación», recuerda la eurodiputada.

A su juicio, este tipo de iniciativas no responden a una demanda médica ni social, sino a «un impulso político e ideológico» diseñado para movilizar al electorado «en torno a una causa sensible difícil de cuestionar públicamente». Por eso, considera imprescindible «un debate real sobre las implicaciones de lo que se propone». «Pocos saben que lo que se está pidiendo es un aborto sin límites de plazo, sin condiciones, sin información ni pruebas diagnósticas«, alerta. Mientras tanto, añade, el apoyo a la maternidad «se presenta falsamente como una regresión de los derechos de la mujer».

La eurodiputada de VOX insiste en que «muchos europeos se indignan al pensar que su dinero pueda destinarse a financiar abortos» y lamenta que en la Unión Europea «se confunda progreso con negación de la vida». Para De la Pisa, el aborto «es un drama y un fracaso social que exige políticas de apoyo real a la mujer y a la maternidad, no campañas ideológicas».

Además, advierte del contexto demográfico crítico en el que se impulsa esta agenda. «Promover el aborto en una Europa que envejece transmite una visión pesimista de la vida. Presenta la maternidad como un obstáculo y deja de ver el don de la vida como una oportunidad. Esta visión intoxica a la sociedad y nos vuelve fríos y calculadores», denuncia.

Frente a ello, De la Pisa reclama políticas que fomenten la maternidad «sin complejos» y que permitan a las mujeres «no sentirse señaladas por el feminismo radical por querer ser madres». «El embarazo no es un inconveniente, es un privilegio. Nos imponen políticas que nos obligan a elegir entre ser madres o realizarnos como mujeres. Esa es la verdadera discriminación», concluye.