La Comisión Europea ha rechazado impulsar una nueva legislación específica para financiar el acceso a los abortos en la Unión Europea, pero ha recordado expresamente a los Estados miembros que pueden destinar de manera «voluntaria» fondos europeos ya existentes para costear interrupciones del embarazo «seguras, asequibles y legales».

La respuesta del Ejecutivo comunitario se produce tras la iniciativa ciudadana «Mi voz, mi elección», que pedía establecer un marco jurídico europeo para destinar recursos comunitarios a facilitar el acceso a los abortos a mujeres que no puedan hacerlo de forma legal y segura en su país de origen.

Tras analizar la propuesta y amparándose en las limitaciones competenciales de la UE en materia de salud pública recogidas en los Tratados, la Comisión ha evitado promover una nueva normativa. Sin embargo, ha subrayado que los Estados miembros «pueden apoyarse en los instrumentos europeos ya existentes» para mejorar el acceso al aborto.

En concreto, Bruselas ha señalado el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) como vía para financiar estas prácticas, siempre que los Estados así lo deseen y conforme a su legislación nacional. Los gobiernos podrían utilizar o reasignar recursos disponibles dentro de este mecanismo para respaldar el acceso a la interrupción del embarazo.

El Ejecutivo presidido por Ursula von der Leyen concluye que, dado que los Veintisiete ya disponen de instrumentos que permiten ofrecer este apoyo «de forma relativamente rápida», no considera necesario proponer un nuevo instrumento jurídico, como reclamaban los promotores de la iniciativa.

De este modo, aunque la Comisión no legislará directamente para crear un fondo europeo específico para el aborto, pero deja abierta la puerta a que los Estados miembros utilicen financiación comunitaria para sufragar estas intervenciones, consolidando así el papel de Bruselas en una cuestión que sigue generando una profunda división social y política en Europa, y sus consecuencias para la vida y la natalidad.