Bruselas continúa estrechando el cerco regulatorio sobre el sector del automóvil. Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han cerrado este viernes un acuerdo que obligará a los coches de nueva fabricación a incorporar un porcentaje mínimo de plástico reciclado en su composición, una exigencia que alcanzará el 25% en un plazo de diez años, con una fase intermedia del 15% seis años después de la entrada en vigor de la norma.

La medida forma parte de una reforma más amplia que también prohibirá la exportación de vehículos que ya no sean aptos para circular dentro de la UE. El objetivo declarado por Bruselas pasa por recuperar materiales considerados críticos y avanzar hacia el modelo de economía circular que promueve la Comisión, en línea con sus políticas climáticas y medioambientales.

La comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, defendió el acuerdo aludiendo a la presión global sobre el acceso a materias primas. Según la dirigente comunitaria, aprovechar los recursos presentes en los vehículos antiguos resulta positivo para el medio ambiente, la competitividad y la resiliencia europea. Una argumentación que vuelve a situar al automóvil como pieza clave del laboratorio normativo comunitario.

Por primera vez, la normativa fija requisitos de circularidad que abarcan todo el ciclo de vida del vehículo, desde su diseño hasta su tratamiento como residuo. El sector del automóvil figura entre los mayores consumidores de acero, aluminio, cobre y plásticos en la Unión, mientras que cada año más de seis millones de vehículos alcanzan el final de su vida útil en territorio comunitario.

El texto obliga a que parte del plástico reciclado proceda de coches fuera de uso o de piezas recuperadas, con el fin de reducir la dependencia de materias primas nuevas. Una exigencia que plantea dudas sobre su impacto real en los costes de producción y en el precio final para el consumidor, en un momento de clara desaceleración del mercado europeo del automóvil.

El acuerdo incorpora, además, la prohibición de exportar fuera de la UE vehículos que ya no puedan circular legalmente, una medida que entrará en vigor cinco años después de la aplicación del reglamento. Bruselas justifica esta restricción como un instrumento para frenar el envío de coches altamente contaminantes a terceros países y combatir el fenómeno de los llamados «vehículos desaparecidos», que salen del sistema sin trazabilidad clara.

Las nuevas normas también refuerzan la responsabilidad de los fabricantes, a quienes se exigirá diseñar vehículos que faciliten el desmontaje y la retirada de componentes, así como asumir los costes de recogida y tratamiento al final de su vida útil. El reglamento amplía su alcance a vehículos pesados, motocicletas y vehículos de uso especial, e introduce controles más estrictos en la transferencia de propiedad de coches usados, especialmente en operaciones en línea o tras siniestros totales.

El pacto deberá recibir ahora la aprobación formal del Parlamento Europeo y del Consejo. Si se ratifica, las nuevas obligaciones comenzarán a aplicarse en un plazo de dos años, añadiendo una nueva capa regulatoria a un sector ya tensionado por la transición forzada hacia el coche eléctrico y por la pérdida de competitividad frente a fabricantes de terceros países.