El Gobierno de Pedro Sánchez ha reclamado formalmente a la Comisión Europea que mantenga sin cambios la hoja de ruta que prevé prohibir los motores de combustión en 2035 y que, para 2050, sólo puedan circular coches 100% eléctricos. En una carta enviada a Ursula von der Leyen, el Ejecutivo español —junto con el francés— ha exigido que no se incluyan excepciones para los vehículos híbridos, pese a que estos representan más de la mitad de las ventas en el mercado europeo.
Según informa El Debate, la postura de Moncloa contrasta con las señales de rectificación que llegan desde Bruselas, donde la presión de la industria y el desplome del mercado eléctrico han obligado a la Comisión a reconsiderar su estrategia. Según fuentes comunitarias, varios países y fabricantes advierten de que la prohibición total «ha llevado al sector a un callejón sin salida», con más de 100.000 empleos en riesgo y una industria «en la UVI».
El debate interno en la UE contempla permitir tecnologías intermedias —como los combustibles sintéticos o renovables— para evitar la parálisis del sector. Los combustibles sintéticos, aunque técnicamente viables, son demasiado caros y energéticamente ineficientes, mientras que los renovables, impulsados por empresas como Repsol, se perfilan como una alternativa razonable: gasolinas y gasóleos fabricados a partir de residuos orgánicos que reducen al mínimo las emisiones y pueden alcanzar la neutralidad climática mediante compensaciones forestales.
Pese a ello, el Gobierno español se mantiene firme en su apuesta por el vehículo eléctrico como única opción, incluso cuando el 11% del PIB nacional depende del sector del automóvil, que genera más de dos millones de empleos. Bruselas reconoce que el coche eléctrico sigue sin despegar: no existen suficientes infraestructuras de carga y los costes de producción son insostenibles para los fabricantes europeos.
A día de hoy, en España no se ha producido ni una sola batería para coches eléctricos, aunque existen proyectos en Sagunto (Volkswagen) y Figueruelas (Stellantis). La insistencia del Gobierno en acelerar la transición verde amenaza con dejar al país sin tejido industrial competitivo antes de que el nuevo modelo esté listo para reemplazar al actual.
