La Comisión Europea ha anunciado esta semana una nueva convocatoria dotada con 7,4 millones de euros para financiar consorcios de medios de comunicación que informen «de forma conjunta sobre asuntos europeos». El anuncio, que presenta el proyecto como una forma de «fortalecer el periodismo independiente y plural», ha generado alarma entre sectores críticos que denuncian una estrategia cada vez más sofisticada de construcción de un ecosistema informativo subordinado a Bruselas.

Según el comunicado oficial, los fondos se destinarán a proyectos que agrupen al menos a cinco medios de comunicación de cinco países diferentes y tengan una «perspectiva transfronteriza» sobre los asuntos europeos. El plazo de presentación expira el 29 de septiembre, y se prevé financiar hasta cuatro consorcios durante dos años.

«Las decisiones que se toman a nivel europeo afectan directamente a la vida de los ciudadanos», justificó la Comisión. «Para formar un juicio informado, se necesita acceder a noticias procedentes de fuentes plurales y con alto nivel periodístico».

Esta nueva iniciativa se suma a lo revelado por un informe explosivo publicado en junio por el think tank MCC Brussels, titulado La maquinaria mediática de Bruselas. El estudio denuncia que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo canalizan unos 80 millones de euros anuales a medios que reproducen sin fisuras la narrativa oficial de la Unión.

Bajo el pretexto de defender la libertad de prensa o luchar contra la desinformación, el informe concluye que las instituciones europeas están construyendo una red clientelar de medios públicos, emisoras estatales y plataformas progresistas, que reciben subvenciones a cambio de garantizar una cobertura favorable y de silenciar la disidencia.

«El resultado es una connivencia peligrosa», advierte MCC Brussels. «La independencia editorial se diluye y el periodismo se convierte en vehículo de propaganda encubierta».

La práctica, lejos de ser una excepción, refleja una estrategia institucional de largo aliento: se estima que más de 650 millones de euros del presupuesto europeo ya han sido destinados a financiar proyectos sobre «discurso de odio» y «lucha contra la desinformación», categorías ambiguas que suelen usarse para atacar a medios críticos, soberanistas o euroescépticos.

Con esta nueva inyección de 7,4 millones, la Comisión Europea refuerza un modelo que premia a quienes acatan su ideología y margina a los que la desafían. Todo mientras la presidenta Ursula von der Leyen continúa proclamando su defensa de una «Europa de valores» que cada vez se parece más a una maquinaria de control cultural y comunicativo.

A medida que la oposición soberanista crece en Europa, y que fuerzas como Patriotas por Europa cuestionan frontalmente el orden de Bruselas, la Comisión Europea recurre al viejo método del subsidio como arma de domesticación.