Un nuevo informe publicado por el grupo MCC Brussels lanza duras críticas al papel de las instituciones de la Unión Europea en el ecosistema mediático continental. Bajo el título La maquinaria mediática de Bruselas: La financiación de los medios de la UE y la configuración del discurso público, el documento denuncia una estrategia deliberada por parte de Bruselas para moldear la opinión pública mediante subvenciones millonarias dirigidas a medios de comunicación afines.
Según el informe, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo destinan conjuntamente alrededor de 80 millones de euros anuales a diversas plataformas informativas. Aunque oficialmente estas ayudas buscan defender la libertad de prensa y combatir la desinformación, el estudio sostiene que en la práctica se están utilizando como herramientas para favorecer una narrativa institucional favorable a la UE y para silenciar o aislar a las voces críticas.
Una de las conclusiones más preocupantes del informe es que esta inyección de fondos públicos ha dado lugar a una relación de dependencia entre las instituciones comunitarias y numerosos medios, especialmente emisoras públicas y agencias de noticias. Esta connivencia, advierte MCC Brussels, diluye la independencia editorial y convierte al periodismo en un vehículo de propaganda encubierta.
Lejos de ser un caso aislado, este documento amplía el foco sobre una tendencia más amplia ya señalada por el mismo grupo en una investigación previa, en la que se revelaba que más de 650 millones de euros procedentes del presupuesto europeo se habían destinado a financiar estudios y proyectos relacionados con el «discurso de odio» y la «desinformación». MCC Brussels interpreta esta inversión como parte de un plan más ambicioso de las autoridades europeas para controlar la narrativa pública y reducir el espacio para la disidencia.
En definitiva, el análisis presentado por el grupo conservador sostiene que la UE está construyendo, a golpe de talonario, un entorno informativo dócil y alineado con sus propios intereses, lo que en última instancia compromete la función crítica que los medios deberían ejercer en una democracia.
